El Blog de Dimas

Publicado en el Diaro de Cuba el 13 de mayo, en: http://www.diariodecuba.com/cuba/11090-por-que-no-paren-las-cubanas

Un informe emitido por la organización  no gubernamental Save the Children, en el que se afirma que –Cuba ocupa el primer puesto entre los países de América Latina donde existen mejores condiciones para ser madre, seguido por Argentina y Uruguay–, fue reproducido parcialmente en la primera página del periódico Granma del pasado jueves 10 de mayo.

Tal información, que la prensa cubana trata presenta como un gran logro, oculta otros datos relacionados con la problemática de la demografía cubana, que deberían mover a la reflexión. Resulta que en Cuba la disminución de los nacimientos está provocando un decrecimiento poblacional sostenido que exhibe cifras altamente preocupantes.

Los ajustes realizados en 1998 por la División de Población de las Naciones Unidas en sus proyecciones hasta el año 2050, plantean que la tasa de fecundidad de los países menos desarrollados pudiera disminuir hasta 2,1 hijos por mujer, mientras que para los más desarrollados arrojarán valores entre 1,7 y 1,9. Sin embargo, la tasa global de fecundidad en Cuba –que no se ubica precisamente entre los países desarrollados– ha venido descendiendo desde mediados de los años 70 del pasado siglo hasta alcanzar 1,7 hijos por mujer en el año 2009: cuatro décadas antes del pronóstico realizado por esa institución de las Naciones Unidas.

Según informaciones brindadas por la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, la población de la isla decreció nuevamente en el año 2010 en 1 467 personas, que representa una tasa anual de crecimiento negativa (–0,13%), la cual confirma el descenso sostenido en los últimos años.

¿Por qué ocurre en Cuba un fenómeno que caracteriza a los países desarrollados? Porque a diferencia de aquellos, el empeoramiento de las condiciones de vida debido a la ineficiencia económica, una gran cantidad de cubanas jóvenes están aplazando el momento de tener hijos, mientras otras tantas por las mismas razones han decidido reducir su proyecto reproductivo ante la falta de perspectivas. Ello está teniendo una fuerte influencia en la vertiginosa disminución de la tasa de fecundidad, lo que resulta contradictorio no sólo con la continua propaganda estatal acerca de la maternidad, sino también con las raíces del movimiento feminista cubano, que desde el siglo XIX contó con figuras destacadas como Mari Blanca Sabas Alomá, quien adoptó los principios originales del humanismo maternal como fundamento del feminismo o como Ofelia Domínguez Navarro, que en el Primer Congreso Nacional de Mujeres, en 1923, presentó una moción acerca de la redefinición de la familia para incluir en ella a los hijos ilegítimos.

Como los escenarios demográficos de proyección se construyen a partir principalmente de la relación entre fecundidad, mortalidad y migraciones, no es difícil predecir los efectos de una fecundidad tan reducida a mediano y largo plazo sobre la deprimida economía cubana.

El éxodo sostenido y creciente, que desde 1959 ha colocado fuera de las fronteras nacionales a unos 2 millones de compatriotas, que representan aproximadamente el 18 % de la población cubana. En los cinco años comprendidos entre 2004 y 2009 emigraron más de 210 mil cubanos, tendencia confirmada con los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas, que arroja en el año 2010 un saldo  negativo  record de 38 165 emigrantes.

Si a lo anterior se añade una esperanza de vida al nacer por encima de los 75 años, resulta que la población inactiva comprendida en los grupos de 0 a 14 años y de 60-65 años en adelante, crecerá a la vez que disminuirá la población activa, comprendida entre esos dos grupos de edades. Ello está generando una relación de dependencia insostenible que se agudizará al paso del tiempo, pues los gastos de seguridad social, atención médica y otros que implican una población envejecida requieren precisamente lo que en Cuba está en falta: una economía eficiente.

De mantenerse esa tendencia –y nada indica que vaya a cambiar– la población cubana, que en diciembre de 1998 sobrepasó los 11 millones de personas, no podrá alcanzar los 12 millones de habitantes, lo que ha ubicado a Cuba entre las poblaciones más envejecidas del continente. Lo peor es que ese fenómeno se está produciendo en una nación que, por su bajísima productividad, se ve obligada a comprar en el exterior una buena parte de lo que consume. Por tanto, la transición demográfica a la cubana, en un contexto caracterizado por la descapitalización de la economía y una enorme deuda externa, augura un empeoramiento con graves repercusiones en el ámbito económico político y social.

Esos datos develan una realidad: las diferencias radicales de la transición demográfica cubana de la que ocurre en los países desarrollados consiste en la decisión de la mujer cubana de parir menos, en el alto índice de emigración, particularmente de jóvenes, lo que combinado con el aumento de la esperanza de vida nos arrastra aceleradamente hacia una sociedad de ancianos. Ese decrecimiento demográfico no es un hecho aislado ni casual, es ni más ni menos que uno de los múltiples efectos de la crisis estructural, cuya causa está en la incapacidad del sistema vigente para garantizar un crecimiento económico capaz de satisfacer las necesidades mínimas de la población.

La salida de esa penosa situación está en el aumento sostenido y eficiente de la productividad, algo que no ha sido ni será posible con el actual intento de actualizar el modelo vigente sin incluir cambios en las libertades ciudadanas. Además, en cualquier caso habrá que proceder a una reforma radical de la política migratoria, de tal forma que permita la salida y el retorno de los cubanos con plenos derechos, como existió en Cuba en épocas pasadas y como existe con raras excepciones, en todas partes.

¿Por qué Vietnam si y Cuba no?

Publicado en el diario de Cuba. http://www.diariodecuba.com/cuba/10660-por-que-vietnam-si-y-cuba-no

En un artículo titulado Vietnam, un país en constante Doi Moi, publicado en el diario Juventud Rebelde del pasado domingo 8 de abril, Niliam Vázquez García planteó que “el pueblo palpa en las calles, en la prosperidad de los negocios familiares, quizá hasta en el aire, los logros de más de dos décadas de Doi Moi, proceso que contempla la introducción de las lógicas del mercado en la economía, pero con orientación socialista”. Y agrega que los vietnamitas en “poco tiempo se han convertido en exportadores de petróleo y otros productos, así como en los segundos productores de café del mundo”. Me uno a tan merecido reconocimiento a ese laborioso y tenaz pueblo, pero considero provechoso, junto al homenaje, promover la reflexión acerca del porqué Vietnam pudo y Cuba no ha podido.

Durante la última de las guerras de ese país, finalizada en 1975 contra la mayor potencia militar del orbe, sobre su territorio se arrojó un número de bombas tres veces superior a las empleadas durante la Segunda Guerra Mundial, el 15% de su población pereció o resultó herida y el 60% de las 15 mil aldeas del sur del país fueron destruidas. Como si todo eso fuera poco, después tuvo que enfrentar el bloqueo económico y los ataques fronterizos.

Concluida la contienda bélica y reunificada la nación, Vietnam comenzó prácticamente de cero. El sistema de economía planificada, que se extendió de Norte a Sur, hundió al país en el hambre y la superinflación. Ante el fracaso, la tendencia reformista del Partido Comunista respaldada por los cuadros más jóvenes se impuso a la tendencia conservadora y en 1986 proclamaron el Doi Moi (renovación), bajo el lema “Reforma económica, estabilidad política”, mediante el se comenzó a introducir los mecanismos de mercado, la autonomía de los productores, el derecho de los nacionales a ser empresarios y la entrega de tierra en propiedad a los campesinos.

El Doi Moi, dirigido a desarrollar la iniciativa, el interés y la responsabilidad de los productores, en su primer momento condujo a una crisis económica provocada por la lentitud, el burocratismo y los enemigos del cambio, que terminó con el despido masivo de los cuadros conservadores del Partido. Luego, al producirse el derrumbe del campo socialista, la tendencia reformista continuó el camino de la profundización y de la renovación permanente de los cuadros del Partido Comunista. El resultado fue tan evidente que Estados Unidos en 1993 dejó de oponerse a la concesión de créditos, en 1994 suspendió el embargo y en 1995 restableció las relaciones diplomáticas.

En 2001, Vietnam devino segundo exportador mundial de arroz. Para lograrlo, además de dedicar una mayor extensión a este cultivo e introducir cambios tecnológicos, lo determinante fue, sin lugar a dudas, la voluntad política de los gobernantes que situó los intereses de la nación en primer lugar y emprendió, de hecho, los cambios de todo lo que realmente era necesario cambiar: se generalizó la economía de mercado, se definieron múltiples formas de propiedad, se eliminó el monopolio de la propiedad estatal y pasó a segundo plano la planificación socialista.

De tal modo el Doi Moi, a diferencia de Cuba, concentrando en las transformaciones internas, logró que la economía produjera alimentos para sus más de 80 millones de habitantes; que ocupara el segundo lugar en la exportación mundial de granos; el segundo en la exportación de café (el presidente del Consejo de Estado de Cuba reconoció que los cubanos, que enseñamos a los vietnamitas a cultivar el aromático grano, tenemos que comprarlo en el exterior;, el primero en pimienta, a lo que se añade las ventas de petróleo, zapatos, productos electrónicos y otras producciones. A la vez que la inversión extranjera alcanzó decenas de miles de millones de dólares. Esos resultados le permitieron a Vietnam rebajar la pobreza del 60% al 5% de su población.

Por su parte a Cuba –que también cuenta con un pueblo laborioso, inteligente y dotado de una alta formación profesional– le ha faltado la voluntad política para implantar un modelo económico capaz de despertar el interés por la producción. En 1986, cuando en Vietnam se aplicó el Doi Moi, en Cuba se optó  por la Rectificación de Errores y Tendencias Negativas, un proyecto, si así puede llamársele, dirigido a impedir la influencia de la Perestroika iniciada en la Unión Soviética. Luego, en 1993, obligado por las circunstancias, ante los efectos del derrumbe del socialismo en Europa Oriental, se implementó un pequeño grupo de medidas –coyunturales y aisladas– que tres años después fueron paralizadas por la contrarreforma iniciada en 1996.

De forma similar, pero con resultados opuestos a la producción arrocera vietnamita, ante el decrecimiento de la producción de azúcar en Cuba de algo más de 8 millones de toneladas en 1990 a solo 3,5 millones en 2001, el gobierno anunció la Reestructuración de la Industria Azucarera y la Tarea Álvaro Reinoso, con el propósito de producir seis millones de tonelada Para cumplir esa cifra –que se había logrado en el país desde 1948– se cerraron 71 de los 156 ingenios existentes y se redistribuyó el 60% de las tierras destinadas a las plantaciones de caña para otros cultivos. El resultado fue el descenso de la zafra del año 2005 hasta 1,3 millones de toneladas (cifra que había sido producida en el año 1907). Doce años después de ese fracaso, el 31 de marzo pasado, el vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo planteó que el Ministerio de la Agricultura “presenta un estado económico-financiero desfavorable por varios años, el cual influye negativamente en la gestión empresarial” y reconoció “que han sido insuficientes las acciones y medidas adoptadas hasta la fecha para revertirlo”1
La diferencia salta a la vista. El gobierno cubano sigue empeñado en un modelo obsoleto e inviable, y hasta ahora se niega a que sus nacionales participen como verdaderos sujetos de los cambios. Continúa pendiente la reforma de la actual estructura de propiedad, cuyo fundamento político tiene que ser la pluralidad y la oportunidad de participación. La gran diferencia con Vietnam es que la demora para emprender los cambios en Cuba le ha dado carácter estructural a la crisis, lo que hace imposible a estas alturas limitar las transformaciones a algunos aspectos aislados de la economía. Ahora, de forma simultánea, habrá que introducir transformaciones en el ámbito de las libertades ciudadanas; única forma de que Cuba, como Vietnam, también pueda.
La Habana, 13 de abril de 2012

1 Puig Meneses Yaima. Trabajar con integralidad ante cada problema. En el diario Granma, jueves 5 de abril de 2012, p.3

Publicado el lunes 2 de abril en http://www.diariodecuba.com/cuba/10414-la-corrupcion-y-la-moral-del-sobreviviente

La corrupción -acción de corromper- es resultado de múltiples causas, que van desde las conductas personales hasta el sistema político-económico de cada país; es un fenómeno social antiquísimo que en mayor o menor medida se manifiesta en todas las sociedades y ha estado presente a lo largo de la historia de Cuba.

En la colonia, el obsequio por la clases criolla de un ingenio al Gobernador Don Luís de las Casas, el desvío de los fondos para la construcción de La Cabaña, el garito y la valla de gallos que el gobernador Francisco Dionisio Vives tenía en el Castillo de la Fuerza para su esparcimiento. En la primera mitad del siglo XX la conducta de la élite político-económico-militar, emergida de las guerras de independencia, que hizo uso de las posiciones públicas para fines individuales, un cuadro que reflejó Carlos Loveira en su novela Generales y Doctores; luego entre 1940 y 1958 políticos y funcionarios convirtieron  la corrupción en uno de los peores males, al punto que  Eduardo Chibás asumió el ataque a este flagelo durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales que debían celebrarse en 1952. En la segunda mitad del siglo XX, la corrupción, que había estado circunscrita a la esfera político-administrativak devino un fenómeno social generalizado.

Por tanto, la corrupción no es nueva ni surgió con la Revolución de 1959, lo nuevo es su presencia en todos los estratos y esferas de la sociedad y el surgimiento de una moral negativa y predominante que amenaza con convertirse en cultura. La razón de esta transformación está en el deslizamiento hacia el totalitarismo que debilitó la responsabilidad ciudadana; lo que unido a la implantación de un sistema económico incapaz de establecer una relación adecuada entre salario y costo de la vida, generaron la frustración y la desesperanza. ¿Cuál fue el dilema de la familia cubana en esas condiciones?, pues sobrevivir. Si además esa conducta se fue aceptando socialmente y cada familia de una u otra forma se vio obligada a emplearla, entonces tenía que predominar. Ante el fenómeno, la  respuesta gubernamental se limitó a reprimir, vigilar e inspeccionar, es decir, a acciones sobre los efectos sin atacar las causas, como está reflejado en la prensa oficial durante la primera década del presente siglo.

Juventud Rebelde, 22 de mayo de 2001, en El cazador de engaños. Un inspector popular encargado de  violaciones en el comercio explicaba que al detectar el delito, los infractores le decían -“hay que vivir, hay que luchar”, y narra que cuando el trataba de reivindica el derecho de los ciudadanos, “éstos defienden a su propio victimario”; y los  días 1 y 15 de octubre de 2006; en La vieja gran estafa, informó que de 222 656 inspecciones realizadas, entre enero y agosto de 2005 por inspectores integrales, se encontraron violaciones de precios y alteraciones en las normas de los productos en el 52% de los centros examinados y en el caso de los mercados agropecuarios en el 68%.

Granma, 28 de noviembre de 2003, en Violaciones de precios y la batalla de nunca acabar, dice que en los primeros ocho meses de este año, en el 36% de los establecimientos inspeccionados encontraron irregularidades, que en los mercados, ferias, placitas y puntos de venta agropecuarios el índice estuvo por encima del 47%, y en gastronomía el 50%; el 20 de febrero de 2004, en Enfrentar eficazmente irregularidades y delitos económicos, la ministra de Auditoria y Control, Lina Pedraza, expresó: “están bien identificadas las causas y condiciones propiciadoras del delito y otras violaciones”, entre las que mencionó un conjunto que va desde “la insuficiente confirmación del origen o destino final de los productos” hasta “la insuficiente supervisión al sistema de auditorias”; el 24 de diciembre de 2005, se informó que en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Pedro Ross, entonces Secretario General de la CTC “comentó y dijo que hay trabajadores que reaccionan, pero otros no y siguen justificando el robo y otras conductas indebidas”; el 16 de febrero de 2007, en Caníbales en las torres, se abordó el robo de los angulares que sostienen las redes de transmisión eléctrica de alta tensión y se reconoció  que las “medidas técnicas, administrativas y legales aplicadas hasta el momento no han frenado el bandidaje”; y el 26 de octubre de 2010, en El precio de la indolencia, se informó que en el municipio de Corralillo, en Villa Clara, se edificaron más de 300 viviendas con materiales y recursos sustraídos, para lo cual se desarticularon 25 kilómetros de líneas férreas y se emplearon 59 angulares de las mencionadas  torres de alta tensión.

Por informaciones oficiales, medios de prensa alternativos y rumores que circulan, se mencionan a organismos y empresas del Estado y a altos funcionarios relacionados con casos de corrupción entre los años 2010 y 1011. Entre ellos, la industria del Azúcar, la Industria Básica, la Industria Alimentaria, Turismo, la Aeronáutica y el transporte aéreo, el Comercio Interno, la Industria tabacalera, la Biotecnología e industria farmacéutica, el Deporte, y la Informática y telecomunicaciones. En muchos de esos casos están implicados altos funcionarios y miembros del Partido Comunista.

En una entrevista realizada por la periodista Patricia Grogg al politólogo Esteben Morales, este consideró la “corrupción como un peligro  extraordinario” por su “poder corrosivo”, lo que la convierte en un  asunto de “seguridad nacional”. Es decir, que a pesar del ejército de inspectores y de los inspectores de los inspectores, de los cientos de trabajadores y funcionarios condenados por sobornos, desvíos, hurtos y robos, y de las leyes y resoluciones, la corrupción continuó su marcha.

En una entrevista publicada en Juventud Rebelde los días 19 y 26 de febrero de 2012, Gladys Bejerano, Contralora de la República, planteó: Por nuestra experiencia, las causas de la corrupción van desde el hecho de que no había control de los contratos, porque el que tenía que hacerlo no lo hizo, y el que tenía que revisarlo tampoco lo revisó, o si lo revisó no lo hizo con profundidad. Es sabido que los contratos y sus revisiones conforman un mecanismo importante para la eficiencia, pero ese aspecto no agota las causas de la corrupción. Si este mal antes de 1959 se mantuvo esencialmente en el ámbito político-administrativo, habría que preguntarse que factores causaron su generalización. Desde mi punto de vista, lo nuevo está en la desaparición de los miles de propietarios que velaban por la propiedad y su sustitución por el Jefe y por el concepto de propiedad de todo el pueblo, lo que unido a la insuficiencia salarial, condujo al robo, al hurto, al cohecho y a otras manifestaciones negativas.

En otra parte de la entrevista la Contralora expresó: Si para la revolución es un problema de vida o muerte luchar contra la corrupción, velar por los recursos del Estado y, además, trabajar por una mayor eficiencia, si eso es así, y ¿quién hizo la Revolución?, el pueblo, pues con el pueblo hay que luchar, con el pueblo hay que defenderla. El hecho es que si el pueblo hizo la Revolución, no la hizo para ser desposeído de la propiedad ni para que el salario fuera incapaz de satisfacer las necesidades más elementales, lo que explica que ese mismo pueblo haya tenido que asumir la moral del sobreviviente para subsistir, o en su lugar escapar hacia otras regiones del planeta.

Si de cambiar todo lo que sea necesario se trata, entonces no hay otro camino que entrar en materia de derechos y libertades para que los cubanos, como cualquier otro pueblo, además de recibir un salario que se corresponda con el costo de la vida, pueda participar en la economía de su país, no sólo como obreros, sino también como propietarios e  inversores, para que realmente muchos cubanos, junto al Estado, velen por su propiedad y no “por la propiedad de todo el pueblo”. Sin ello, la corrupción seguirá un camino indetenible.

Publicado en: http://www.diariodecuba.com/cuba/9891-abrirse-la-diaspora

La Oficina de Intereses de Cuba en Washington convocó para el próximo 28 de abril el I Encuentro Nacional de Cubanos Residentes en los Estados Unidos de América, en el que participará una representación de los cubanos que se “vinculan con su país de manera respetuosa”, conscientes de la urgencia de defender su soberanía e identidad nacional. Esta cita, según reza en la convocatoria, se inscribe dentro del proceso de normalización de las relaciones de la emigración con su Patria.

Es bueno recordar, que a lo largo de la historia de Cuba, desde los primeros habitantes que arribaron a través del arco de las Antillas, hasta las decenas de miles europeos, asiáticos y antillanos que entraron en la primera mitad de siglo XX, existió un flujo inmigratorio que, debido a la pérdida de los derechos cívicos y políticos, a la  insuficiencia de los salarios respecto al costo de la vida y al diferendo con Estados Unidos, se transformó en diáspora a partir de 1959.

Esa emigración, que comenzó con la salida de personas vinculadas al régimen derrocado -a diferencia de las emigraciones masivas que responden a crisis temporales constituye un proceso sostenido en el tiempo- fue seguida de unos 14 000 niños con la Operación Peter Pan y de huidas en avionetas y en lanchas, hasta que la falta de libertades y el empeoramiento de la economía provocó la primera salida masiva por el puerto de Camarioca en 1965 y los llamados vuelos de la libertad, mediante los cuales unos 260 mil cubanos abandonaron el país. En abril de 1980 se produjo la segunda estampida masiva cuando miles de cubanos irrumpieron en la sede diplomática del Perú en La Habana para solicitar refugio, acción que culminó con la salida de otros 125 mil cubanos por el puerto de Mariel. En el verano de 1994, después que se asaltaron las residencias del embajador de Bélgica, Alemania y el consulado de Chile, y de una protesta masiva en La Habana, otras decenas de miles de cubanos escaparon.

Esa migración masiva ha tenido varios efectos negativos para Cuba, entre otros, el decrecimiento poblacional,  que ha convertido a Cuba en el único país de América con una población decreciente y cuyo ritmo de salida en los próximos 24 años apunta hacia una disminución crítica, particularmente de jóvenes, lo que está convirtiendo a Cuba en un país de ancianos; y en la descapitalización de profesionale,s debido a las decenas de miles de médicos, ingenieros, licenciados, técnicos medios y obreros calificados que  han abandonado el país buscando su realización.

Hasta ahora el gobierno de Cuba ha considerado que la presencia de los cubanos de la diáspora pone en peligro la revolución, la patria y el socialismo, lo que explica los mecanismos establecidos para el control de los que decidían marcharse. El permiso de salida y de entrada, la regulación del tiempo de estancia en el extranjero, la incautación de sus muebles e inmuebles y la exclusión de la nación, están entre las medidas excluyentes y violatorias de los derechos humanos. Sin embargo, los resultados obtenidos en el exterior por parte de los cubanos, los conocimientos adquiridos en materia administrativa y los recursos financieros y de otro tipo con que cuentan, unido a los lazos familiares y a la añoranza por su país, han convertido a la diáspora en necesidad para las soluciones que Cuba necesita.

La historia enseña que la violencia ha sido la salida más socorrida ante los conflictos, pero también demuestra que los conflictos realmente no terminan hasta que llegan al diálogo y la negociación. El gobierno de Cuba, como dicen la socióloga Peggy Levitt y la antropóloga Nina Glick, “trata a sus emigrados como si ya no pertenecieran a la patria y los tilda a menudo de traidores”. Además de no reconocerle la doble ciudadanía ni otro derecho que les refuerce el sentido de pertenencia a su patria.

Desde una visión falsa y excluyente el gobierno cubano invitó a cubanos de la diáspora para el “dialogo” en 1978” y para las Conferencias “Nación y Emigración”, celebradas en La Habana, cuyo fin no fue la normalización de las relaciones, sino la recaudación de divisas y la búsqueda de apoyo en el diferendo con Estados Unidos. Sin embargo, hasta ahora se niega a avanzar hacia la normalización de las relaciones. Carlos Saladrigas explicaba que, aunque los miembros del exilio histórico dominan los medios masivos de comunicación, constituyen la mayoría de los ciudadanos cubano-americanos con derecho a voto y conforman el grupo social con mayor poder adquisitivo dentro del exilio, ha ocurrido un largo proceso de cambio en algunos exiliados, que los ha llevado a abandonar la actitud de confrontación permanente. En fin, que después de más de medio siglo de violencia física y verbal, la exclusión de la diáspora -violatoria de 16 de los 30 artículos constitutivos de la Declaración Universal de Derechos Humanos- debe ser desterrada. Para ello se impone brindarle a los cubanos en el exterior el derecho a la doble ciudadanía y poner las actuales leyes de la Isla en correspondencia con los principios internacionalmente establecidos en materia migratoria, de manera que los cubanos, con independencia del lugar de residencia, puedan participar en los asuntos de su nación. Ello coadyuvaría a que las reformas económicas que se están implementando en Cuba tengan mayores posibilidades de éxito.

Sin esos cambios de conducta y de políticas, la convocatoria al I Encuentro Nacional de Cubanos Residentes en los Estados Unidos, no sería más que un nuevo episodio del viejo intento de  considerar a la diáspora como un medio de apoyo a la revolución, sin reintegrarles sus derechos como cubanos. Sería, como las anteriores que tuvieron lugar en Cuba, excluyente y por tanto contraria a los intereses de la nación, que está conformada por todos los cubanos de adentro y de afuera.

Cualquier convocatoria, para que responda  a los intereses de Cuba tiene que basarse en un diálogo inclusivo, que permita analizar el pasado, el presente y el futuro de las relaciones entre diáspora y nación. En ese sentido el diálogo debe potenciarse como  punto de partida, como principio rector y como estrategia permanente, lo que exige, como expresara Carlos Saladrigas, que todos cambiemos. Cuba tiene que abrirse a su diáspora y su diáspora a Cuba. Cuba tiene que respetar los derechos de todos sus hijos”, un respeto del que adolece la convocatoria de la Oficina de Intereses de Cuba en Washington.

(Publicado en el Diario de Cuba el lunes 16 de enero de 2012: http://www.diariodecuba.com/cuba/9112-reforma-universitaria-sin-autonomía)

En ocasión del 50 aniversario de la Reforma Universitaria promulgada en enero de 1962, el diario Granma publicó el lunes 9 de enero de 2012 un artículo de Armando Hart Dávalos  titulado Universidad y Sociedad, en el cual se plantea que: “tras el triunfo de la Revolución era imprescindible la Reforma Universitaria para poder hacer realidad la articulación definitiva de la universidad con el pueblo y con la nueva realidad socioeconómica nacional…”.

En el artículo se omite lo más significativo: la historia que condujo a la pérdida de la Autonomía Universitaria como nervio de la sociedad civil. Tal simplificación de los antecedentes  le permite a Hart conferirle a la reforma de 1962 un carácter definitivo, tal como si los procesos sociales tuvieran un punto de remate.

José Ortega y Gasset, en Misión de la Universidad y otros ensayos afines, sentenció:”El hombre pertenece consustancialmente a una generación y toda generación se instala no en cualquier parte, sino muy precisamente sobre la anterior. Esto significa que es forzoso vivir a la altura de los tiempos y muy especialmente a la altura de las ideas del tiempo”.

Entre el siglo XIX y principios del XX, el padre José Agustín Caballero,  Tomás Romay Chacón, Félix Varela, José de la Luz y Caballero, José Martí y Enrique José Varona, entre muchos otros, realizaron ingentes esfuerzos por situarse a la educación a  la altura de sus tiempos. De ello se deduce que la reforma de la enseñanza es un proceso continuo que no admite “carácter definitivo” y que de esa continuidad emergió la Autonomía Universitaria como necesidad ineludible de la modernidad.

En la República, Carlos de la Torre, en el discurso de toma de posesión del cargo de Rector de la Universidad de La Habana en 1921, esbozó un programa para reformar la universidad y lograr la Autonomía Universitaria, que para él consistía: “en autorizar a la Universidad a manejarse en todos sus asuntos con absoluta independencia, menos en lo relativo al manejo de sus fondos”. Al año siguiente el Rector de la Universidad de Buenos Aires, José Arces, impartió una conferencia acerca de “la evolución de las universidades argentinas”, en la cual explicó el proceso iniciado con el Manifiesto de Córdoba de 1918, que dio lugar a una reforma universitaria cuyo eje central era la autonomía y la intervención del estudiantado en el gobierno universitario.

En ese contexto un grupo de estudiantes cubanos publicaron un manifiesto en el que llamaban a constituir una asociación estudiantil, la que fue fundada en diciembre de 1922 con el nombre de Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). Seguidamente, el 10 de enero de 1923, la naciente federación publicó el Documento Programa de la Reforma Universitaria en Cuba, en el que se solicitaba “La personalidad jurídica de la Universidad y su autonomía en asuntos económicos y docentes”. Para solucionar la situación, Enrique José Varona propuso crear una comisión integrada por profesores y alumnos para estudiar el proyecto, lo que al ser aceptado condujo a la constitución de la Comisión Mixta, integrada por el Rector, profesores y miembros de la FEU y reconocida por decreto Presidencial
Analizado el proyecto por la Comisión Mixta, el Rector, el Directorio, profesores y alumnos, se dirigieron hasta el palacio Presidencial y entregaron al presidente, Alfredo Zayas, las bases del proyecto de ley para la Autonomía Universitaria. Zayas, ante la fuerza del movimiento reformista, reconoció legalmente a la FEU y autorizó la creación de la Asamblea Universitaria, compuesta por profesores, graduados y estudiantes. El avance reformista desembocó, en octubre de 1923, en el Primer Congreso Nacional de Estudiantes, que exigió la derogación de la Enmienda Platt y acordó crear la Universidad Popular José Martí, para abrir las puertas del alto centro docente a los obreros.

Durante el gobierno de Gerardo Machado se disolvió la Asamblea Universitaria y se ilegalizó a la FEU, pero la lucha continuó. Finalmente el 10 de septiembre de 1933, después de la caída de Machado, el Gobierno de los Cien Días encabezado por Ramón Grau San Martín emitió el Decreto Ley 2059 de octubre de 1933, que puso en vigor la Autonomía Universitaria. Posteriormente, al fracasar la huelga de marzo de 1935, la Universidad fue tomada militarmente y el gobierno dejó sin efecto la autonomía.
En 1939, bajo la presidencia de Federico Laredo Bru, se restableció la Autonomía Universitaria y se convocó a la Asamblea Constituyente que aprobó y redactó la Carta Magna de 1940, la cual, en su artículo 53, refrendó el carácter constitucional de la Autonomía Universitaria de la siguiente forma: “La Universidad de La Habana es autónoma y estará gobernada de acuerdo con sus Estatutos y con la Ley a que los mismos deban atemperarse”. Gracias a ella en el recinto docente se pudieron formar las fuerzas  que enfrentarían el Golpe Militar de 1952, a pesar de que Fulgencio Batista echó por tierra la peligrosa Autonomía Universitaria con la derogación de la Constitución del 40.

En enero de 1959, en lugar de la promesa de restablecer la Constitución de 1940, como rezaba en La Historia me Absolverá, ésta fue reformada, sin consulta popular, para conferir al Primer Ministro las facultades de Jefe de Gobierno y al Consejo de Ministros las funciones del Congreso; una modificación similar a la que había hecho Batista con los Estatutos que sustituyeron la Constitución después del Golpe de Estado de 1952. Acto seguido se procedió al desmontaje de la sociedad civil y de todos sus instrumentos, incluyendo la Autonomía Universitaria.

Para ello se creó el Consejo Superior de Universidades, formado por profesores y estudiantes de los tres centros universitarios del país y representantes del Gobierno. Dicho Consejo elaboró el proyecto de Reforma Universitaria presentada el 10 de enero de 1962. Ese mismo año, el dirigente comunista cubano, Carlos Rafael Rodríguez, en un artículo publicado en la prensa, planteó que la nueva Universidad sería regida conjuntamente por profesores y alumnos, pero aclaró: “en la medida en que la revolución universitaria es obra de una verdadera revolución y que el socialismo preside las transformaciones, no es posible pensar en los profesores y los estudiantes como dos grupos antagónicos… Un profesor de conciencia revolucionaria, orientado por el marxismo leninismo y militante de esa ideología durante años (se refería a Juan Marinello), no necesitará de la presencia vigilante de los estudiantes junto a él en el gobierno de la Universidad, porque tendrá la madurez suficiente para enfocar los problemas de la educación superior con un criterio certero”.

De esa forma, la Autonomía Universitaria, sin haber sido derogada legalmente, de hecho dejó de existir. Desde ese momento la Universidad, una de las fuentes más importantes de cambios sociales en nuestra historia, quedó inutilizada para esos fines. Una de sus peores consecuencias radicó en que bajo ese control, el Estado enarboló la consigna de la Universidad para los revolucionarios, que se materializó en la separación de cientos de estudiantes y profesores que no compartían la ideología del sistema.

El resultado no podía ser otro. Ante la intención de darle carácter definitivo a un proceso cambiante, la Universidad, con la pérdida de la Autonomía, dejó de ser nervio de la sociedad civil. Por ello, los cambios que se están efectuando en la economía tienen que ser complementados con cambios en la libertades y los derechos, entre los cuales la Autonomía Universitaria es una necesidad insoslayable para poner la Universidad a la altura de los tiempos.

(Publicado en el Diario de Cuba el viernes 7 de enero de 2012: http://www.diariodecuba.com/derechos-humanos/8964-del-indulto-la-amnistia)
En la clausura del VIII Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 23 de diciembre de 2011, el general Raúl Castro anunció que “en un gesto humanitario y soberano”, el Consejo de Estado de la República de Cuba había acordado indultar a más de 2 900 cubanos y extranjeros sancionados. A pesar de lo positivo que resulta que 2 900 compatriotas salgan de prisión a convivir nuevamente con sus familiares, este indulto, como el resto de las medidas que el gobierno cubano ha venido disponiendo en los últimos tiempos, está signado por lo insuficiente, tardío y limitado.

Si el socialismo cubano es un sistema humanitario y de justicia social, como declara el gobierno,  habría que aceptar que las liberaciones de presos realizadas por los gobiernos de Cuba anteriores a 1959, tanto en la colonia como en la república, fueron tan  o más humanitarias que el actual indulto, y que en muchas oportunidades aquellas liberaciones se  acompañaron de otras medidas liberadoras que desempeñaron un importante papel en los cambios sociales posteriores a su promulgación.

El indulto es una medida mediante la cual de forma excepcional el jefe de Estado perdona total o parcialmente una pena o la sustituye por otra más benigna. Es, por tanto,  un favor concedido donde el recluso se considera culpable, pero la “magnanimidad” del Jefe de Estado permite perdonarlo. Sin embargo, en nuestra historia política ha sido más común la amnistía, que a diferencia del indulto, significa la extinción de la responsabilidad penal, es decir, implica el olvido legal del delito cometido, sea real o supuesto. En ese sentido es suficiente citar cuatro de esos ejemplos:

En 1861, el gobierno español decretó una amnistía que permitió el retorno a Cuba de condenados por razones políticas, entre ellos el médico Antonio de Castro, quien organizó el cuerpo irregular masónico que estructuró la rebelión independentista iniciada en octubre de  1868. Ejemplos de lo anterior fueron los patriotas bayameses Francisco Francisco Vicente Aguilera, Perucho Figueredo, Francisco Maceo Osorio, y Carlos Manuel de Céspedes, todos masones y el alzamiento de Las Clavellinas en Puerto Príncipe, donde de 72 de  los 76 participantes eran miembros de la logia Tínima, entre ellos Ignacio Agramonte.

En 1878, gracias a la amnistía decretada por España en cumplimiento del Pacto del Zanjón numerosos exiliados pudieron regresar a Cuba. Baste mencionar a cuatro de ellos: José Martí, Juan Gualberto Gómez, Antonio Maceo y Calixto García. Esa amnistía se complementó con otras medidas liberadoras dispuestas entre 1879 y 1886, como fueron la libertades de imprenta, de reunión y de asociación refrendadas por el artículo 13 de la Constitución Española, lo que permitió la existencia legal de órganos de prensa, asociaciones económicas, culturales, fraternales, educacionales, sindicales y políticas que participaron en la preparación de la Guerra de Independencia de 1895.

En 1937, el entonces presidente de la república, el coronel de la Guerra de Independencia Federico Laredo Bru, antes de convocar la asamblea constituyente de 1940, con el fin de restablecer el orden constitucional que había sido interrumpido desde 1928 dictó una amnistía política que benefició a más de 3 000 prisioneros, gracias a la cual los exiliados pudieron regresar a Cuba, se conformaron nuevas agrupaciones políticas, entre las cuales estaba el partido Unión Revolucionaria Comunista (1937) y su legalización en 1939 y se creó un escenario conciliatorio del cual emergió la flamante Constitución de 1940.

En 1955, Fulgencio Batista después de las elecciones fraudulentas de 1954, al retomar posesión, restableció la Constitución de 1940 que él mismo había violado y otorgó una amnistía a los prisioneros políticos, entre ellos a los asaltantes al Cuartel Moncada, quienes en junio de 1955 fundaron el Movimiento del 26 de Julio, tomaron el poder y son gobierno hasta el día de hoy.

Esos cuatro ejemplos evidencian la relación existente en Cuba entre amnistía y cambio social y ponen de manifiesto la limitación del presente indulto al menos por dos indiscutibles razones: 1- porque el número de excarcelados apenas favorece al 5% de la población penal del país, entre ellos,  mujeres, enfermos, mayores de 60 años de edad y algunos condenados por delitos contra la Seguridad del Estado que ya han cumplido una parte importante de la pena impuesta y 2- por que el perdón no altera el estado actual de la sociedad cubana requerida de cambios, deja en pie las medidas que permitieron los encarcelamientos y no reconoce la responsabilidad del Estado en tan alta población penal.

Por la información brindada la abrumadora mayoría de los excarcelados guardaban prisión por delitos comunes. En este sentido el indulto es injusto, porque al liberado se le sigue considerando culpable, desconociendo con ello la corresponsabilidad del Estado cubano en las causas que convirtieron en Cuba el robo y el hurto en conducta cotidiana; porque la insuficiencia de los salarios y las jubilaciones para sobrevivir fomentan el delito como necesidad para la subsistencia y porque las múltiples limitaciones impuestas a los cubanos  inducen al delito. Por ello una responsabilidad compartida ameritaba una medida de mayor alcance numérico, un reconocimiento autocrítico y su acompañamiento con otros derechos y libertades ciudadanas, para que cada vez menos cubanos incrementen la población penal.

De igual forma, en cuanto a los pocos prisioneros políticos incluidos en los indultados,  el Estado cubano tiene una buena parte de la responsabilidad por convertir en delito el ejercicio de los derechos fundamentales que estaban refrendados en la Constitución de 1940. Entre ellos el derecho a desfilar y formar organizaciones políticas contrarias al régimen, la autonomía de la Universidad de la Habana, la declaración de punible a todo acto de prohibición o limitación del ciudadano a participar en la vida política de la nación y el reconocimiento de la legitimidad de oponer resistencia para la protección de los derechos individuales. En fin, que la insuficiencia del actual indulto obliga a transitar hacia la amnistía y hacia la democratización de Cuba.

En la clausura del VIII Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 23 de diciembre de 2011, el general Raúl Castro anunció que “en un gesto humanitario y soberano”, el Consejo de Estado de la República de Cuba había acordado indultar a más de 2 900 cubanos y extranjeros sancionados. A pesar de lo positivo que resulta que 2 900 compatriotas salgan de prisión a convivir nuevamente con sus familiares, este indulto, como el resto de las medidas que el gobierno cubano ha venido disponiendo en los últimos tiempos, está signado por lo insuficiente, tardío y limitado.

Si el socialismo cubano es un sistema humanitario y de justicia social, como declara el gobierno,  habría que aceptar que las liberaciones de presos realizadas por los gobiernos de Cuba anteriores a 1959, tanto en la colonia como en la república, fueron tan  o más humanitarias que el actual indulto, y que en muchas oportunidades aquellas liberaciones se  acompañaron de otras medidas liberadoras que desempeñaron un importante papel en los cambios sociales posteriores a su promulgación.

El indulto es una medida mediante la cual de forma excepcional el jefe de Estado perdona total o parcialmente una pena o la sustituye por otra más benigna. Es, por tanto,  un favor concedido donde el recluso se considera culpable, pero la “magnanimidad” del Jefe de Estado permite perdonarlo. Sin embargo, en nuestra historia política ha sido más común la amnistía, que a diferencia del indulto, significa la extinción de la responsabilidad penal, es decir, implica el olvido legal del delito cometido, sea real o supuesto. En ese sentido es suficiente citar cuatro de esos ejemplos:

En 1861, el gobierno español decretó una amnistía que permitió el retorno a Cuba de condenados por razones políticas, entre ellos el médico Antonio de Castro, quien organizó el cuerpo irregular masónico que estructuró la rebelión independentista iniciada en octubre de  1868. Ejemplos de lo anterior fueron los patriotas bayameses Francisco Francisco Vicente Aguilera, Perucho Figueredo, Francisco Maceo Osorio, y Carlos Manuel de Céspedes, todos masones y el alzamiento de Las Clavellinas en Puerto Príncipe, donde de 72 de  los 76 participantes eran miembros de la logia Tínima, entre ellos Ignacio Agramonte.

En 1878, gracias a la amnistía decretada por España en cumplimiento del Pacto del Zanjón numerosos exiliados pudieron regresar a Cuba. Baste mencionar a cuatro de ellos: José Martí, Juan Gualberto Gómez, Antonio Maceo y Calixto García. Esa amnistía se complementó con otras medidas liberadoras dispuestas entre 1879 y 1886, como fueron la libertades de imprenta, de reunión y de asociación refrendadas por el artículo 13 de la Constitución Española, lo que permitió la existencia legal de órganos de prensa, asociaciones económicas, culturales, fraternales, educacionales, sindicales y políticas que participaron en la preparación de la Guerra de Independencia de 1895.

En 1937, el entonces presidente de la república, el coronel de la Guerra de Independencia Federico Laredo Bru, antes de convocar la asamblea constituyente de 1940, con el fin de restablecer el orden constitucional que había sido interrumpido desde 1928 dictó una amnistía política que benefició a más de 3 000 prisioneros, gracias a la cual los exiliados pudieron regresar a Cuba, se conformaron nuevas agrupaciones políticas, entre las cuales estaba el partido Unión Revolucionaria Comunista (1937) y su legalización en 1939 y se creó un escenario conciliatorio del cual emergió la flamante Constitución de 1940.

En 1955, Fulgencio Batista después de las elecciones fraudulentas de 1954, al retomar posesión, restableció la Constitución de 1940 que él mismo había violado y otorgó una amnistía a los prisioneros políticos, entre ellos a los asaltantes al Cuartel Moncada, quienes en junio de 1955 fundaron el Movimiento del 26 de Julio, tomaron el poder y son gobierno hasta el día de hoy.

Esos cuatro ejemplos evidencian la relación existente en Cuba entre amnistía y cambio social y ponen de manifiesto la limitación del presente indulto al menos por dos indiscutibles razones: 1- porque el número de excarcelados apenas favorece al 5% de la población penal del país, entre ellos,  mujeres, enfermos, mayores de 60 años de edad y algunos condenados por delitos contra la Seguridad del Estado que ya han cumplido una parte importante de la pena impuesta y 2- por que el perdón no altera el estado actual de la sociedad cubana requerida de cambios, deja en pie las medidas que permitieron los encarcelamientos y no reconoce la responsabilidad del Estado en tan alta población penal.

Por la información brindada la abrumadora mayoría de los excarcelados guardaban prisión por delitos comunes. En este sentido el indulto es injusto, porque al liberado se le sigue considerando culpable, desconociendo con ello la corresponsabilidad del Estado cubano en las causas que convirtieron en Cuba el robo y el hurto en conducta cotidiana; porque la insuficiencia de los salarios y las jubilaciones para sobrevivir fomentan el delito como necesidad para la subsistencia y porque las múltiples limitaciones impuestas a los cubanos  inducen al delito. Por ello una responsabilidad compartida ameritaba una medida de mayor alcance numérico, un reconocimiento autocrítico y su acompañamiento con otros derechos y libertades ciudadanas, para que cada vez menos cubanos incrementen la población penal.

De igual forma, en cuanto a los pocos prisioneros políticos incluidos en los indultados,  el Estado cubano tiene una buena parte de la responsabilidad por convertir en delito el ejercicio de los derechos fundamentales que estaban refrendados en la Constitución de 1940. Entre ellos el derecho a desfilar y formar organizaciones políticas contrarias al régimen, la autonomía de la Universidad de la Habana, la declaración de punible a todo acto de prohibición o limitación del ciudadano a participar en la vida política de la nación y el reconocimiento de la legitimidad de oponer resistencia para la protección de los derechos individuales. En fin, que la insuficiencia del actual indulto obliga a transitar hacia la amnistía y hacia la democratización de Cuba.

Publicado en el Diario de Cuba el miércoles 23 de diciembre de 2011  ( www.ddcuba.com/opinion/8265-de-regreso-al-punto-de-partida )

Todas las sociedades requieren cambios. Cuba, atrapada en el pasado durante medio siglo, requiere no sólo cambios, sino grandes cambios. En los últimos tres años el Gobierno ha dictado algunas medidas importantes, pero  esa importancia no radica en su alcance -bastante limitado por cierto- sino en la necesidad gubernamental de emprender transformaciones y en la ruptura del inmovilismo que caracterizó las últimas décadas.

Lo paradógico es que las recientes medidas constituyen simultáneamente una marcha atrás y a la vez un avance. Una marcha atrás porque después de un camino equivocado en el que se transitó contra la lógica de la historia, caminamos ahora hacia la Cuba de 1958.  Un avance, porque ante el tiempo perdido la salida de la crisis pasa por el regreso al punto de partida, para desde allí corregir el rumbo. El hecho concreto es que, la Cuba del 58 con sus desajustes e injusticias estaba en mejores condiciones que la Cuba de hoy para emprender un proyecto de cambios. De ahí que el regreso constituye un avance que permitirá retomar un rumbo que nunca se debió perder. Veamos algunas de las medidas dictadas desde el año 2008.

1- El Decreto Ley 259 de 2008, que dispone la entrega de tierras en usufructo constituye un retroceso respecto a la primera y segunda ley de reforma agraria, dictadas en 1959 y 1963 respectivamente. Estas dos leyes, al liquidar el monopolio latifundista de la tierra, pudieron haber sido la base para la formación de una clase media nacional y de una economía diversificada. Sin embargo, el giro hacia el totalitarismo malogró esas  posibilidades. La casi totalidad de las tierras volvieron a convertirse en un gran latifundio estatal. Entonces, cuando resultado de la mala administración y de la pérdida de interés de los productores esas tierras fueron cubiertas por las malezas y el marabú, y cuando el país tiene que comprar en el exterior el 80% de lo que consumimos, el Gobierno se vio obligado a dictar el decreto mencionado, mediante el cual se entrega 1 caballería de tierra en usufructo; disposición que habrá que  modificar hasta homologarla con la Segunda Ley de Reforma Agraria de 1963, que entregó hasta 5 caballerías en propiedad.

2- La reforma laboral, regulada por el Decreto Ley 276 de septiembre de 2010 constituye el reconocimiento del fracaso de la política de “pleno empleo”, mediante la cual se mantuvieron infladas las plantillas laborales con el fin de exhibir ante el mundo la “superioridad” del sistema cubano, en contra de toda lógica económica. Ahora este decreto deja sin empleo a más de un millón de trabajadores, que representa el  20% de la fuerza laboral cubana, una cifra muy superior al 1,7% declarado en el año 2009 y también al desempleo que existía antes de 1959.

3- El Trabajo por Cuenta Propia, incluyendo las últimas modificaciones introducidas por el Decreto Ley 284 de septiembre de 2011, aumentó de 178 a 181 las actividades permitidas, incluyendo la flexibilización para la contratación de mano de obra en algunas de las actividades. Un listado de permisibilidades, que en buena medida se reduce a legalizar lo que ya existía, mientras ignora el fomento de pequeñas y medianas empresas. Si la ampliación del trabajo por cuenta propia tiene como objetivo brindar empleo a una parte del millón y medio de trabajadores que estàn siendo despedidos y generar producciones y servicios que el Estado es incapaz de crear, entonces habrá que anular ese listado y en su lugar definir solamente las pocas actividades que no se permiten. De lo demás se ocupará la iniciativa ciudadana que ha dado sobradas muestras de su potencialidad, mucho más en un país como Cuba de tan alta instrucción. Por tanto  el presente decreto tendrá que volver a ser modificado hasta aproximarse a lo que existió hasta 1968, cuando el Gobierno, con la Ofensiva Revolucionaria,  trató de eliminar todo vestigio de propiedad privada.

4- En el año 2011 se dispuso el Decreto Ley 292, que estableció las regulaciones para la transmisión de la propiedad de vehículos por compra-venta o donación entre cubanos que viven en la isla y extranjeros residentes permanentes o temporales. También el Decreto Ley 288, similar al anterior, que permite la compra-venta o donación de inmuebles. Otra medida reciente está dirigida al arrendamiento de barberías y peluquerías, aunque los inmuebles continuarán como propiedad del Estado. Todas estas disposiciones legales quedan por debajo de lo que existía en esos ámbitos antes de 1959, cuando los autos, las viviendas, las barberías, las peluquerías y cientos de miles de establecimientos de producción y servicios eran propiedad de los ciudadanos y podían disponer de ella libremente.

A lo anterior hay que añadir la corrupción generalizada que resultó del camino equivocado. Al eliminarse la pequeña propiedad y las verdaderas cooperativas, las empresas estatales devinieron estaticulares1, provocando el surgimiento de una inmensa red sumergida de producciones y servicios que, al no poder contar con suministros de materias primas, herramientas y piezas de repuestos, generaron el hurto generalizado, conocido en el argot popular como escapar, luchar y resolver, que designan las acciones para sobrevivir. Una anormalidad potenciada por la insuficiencia de los salarios, que ha convertido a la corrupción -que hasta 1958 se limitaba esencialmente a la esfera político-administrativa- en la moral de sobrevivencia que hoy predomina.
Sin embargo, ese regreso al pasado constituye un avance en relación al presente. Retrocederemos hasta el punto donde se torció el rumbo, para ver si desde allí y a pesar del retraso y del daño antropológico ocasionado, podemos enrumbarnos nuevamente. Una posibilidad que depende de la profundización de las medidas para acercarnos lo más posible al punto de partida. Pero depende también de la creaación de la construcción de una estructura social que garantice la participación de los cubanos en las decisiones y de una concepción de la propiedad en la que convivan y cohabiten sus variadas formas, pues la propiedad, sea individual, familiar, cooperativa o estatal, tiene la función social de movilizar las potencialidades e iniciativas de las personas para producir.

En fin, se requiere, una vez situados en la arrancada, la reconversión de los cubanos en ciudadanos.

Publicado en  el Diario de Cuba (www.ddcuba.com) el 10 de noviembre de 2011

Entró en vigor el nuevo Decreto-Ley de la Vivienda, un reconocimiento, hasta ahora negado, del derecho de propiedad.

Este jueves 10 de noviembre entró en vigor el Decreto-Ley 288 sobre la legalización de la venta de viviendas. Complementado con seis resoluciones ministeriales, dicho decreto modifica de forma significativa lo legislado en esta materia desde la década del 60 del pasado siglo.

Con las nuevas disposiciones los cubanos, propietarios formales de inmuebles, devienen propietarios reales. Ahora pueden no sólo permutar, sino también donar, adjudicar o vender su casa a otros cubanos residentes en Cuba, con permiso de residencia en el exterior o a extranjeros residentes de forma permanente en el país. Para hacer uso de este derecho se exige que el inmueble esté inscripto en el Registro de Propiedad, una declaración sobre la licitud de los fondos y el pago de un impuesto del 4% por la transacción. El precio del inmueble lo declaran las partes, siempre que no sea inferior al valor actualizado de la misma. Y las transacciones se harán en pesos cubanos a través del Banco Nacional.

Ahora las viviendas, propiedad de cubanos que salgan definitivamente del país, seguirán siendo confiscadas, pero el Estado tramitará la propiedad a los copropietarios o a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, de forma gratuita. Es decir a los cónyuges, hijos, padres, abuelos, hermanos, sobrinos, tíos y primos o las personas que con el consentimiento del propietario han residido durante cinco años o más años en el inmueble.

Una valoración del alcance del nuevo Decreto-Ley exige tener en cuenta sus antecedentes.

Durante años el crecimiento de la población, el envejecimiento del fondo habitacional, el deterioro por falta de mantenimiento, los crecientes derrumbes y el bajo ritmo de las construcciones, conformaron una peliaguda situación. El modelo cubano, más útil para distribuir que para producir, se enfrascó en resolver el problema soslayando la participación ciudadana como sujeto.

Con ese propósito se inició una “batalla por la vivienda” que terminó en rotundo fracaso. De 1960 a 1970 se intentó, producir 32.000 apartamentos anuales, pero el promedio no rebasó los 11.000. De 1970 a 1980 de un plan de 38.000, apenas se alcanzaron los 17.000. En la década de 1980, el plan se elevó a 100.000 viviendas anuales, pero el promedio no superó las 40.000. Solo en la década de 1990 se sobrepasaron las 40 mil, para luego retroceder. En septiembre de 2005, el secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros anunció otro plan de 100.000 viviendas nuevas por año, que también sucumbió.

Cuando el déficit habitacional generó un desenfreno de ocupaciones y construcciones ilegales, el gobierno giró el énfasis de los planes constructivos al control del desorden generalizado. La Ley No. 48 —Ley General de la Vivienda— promulgada en diciembre de 1984 autorizó la transferencia de la propiedad a los usufructuarios onerosos y ocupantes legítimos y permitió la legalización de las que se construyeron fuera de la ley. Esa medida convirtió en propietarios formales a unas 750 mil familias, pero su alcance se limitó a legalizar lo existente y poner fin al descontrol. Las ilegalidades, sin embargo, continuaron su marcha.

Cuatro años después, en diciembre de 1988, se emitió una nueva Ley General de la Vivienda. En uno de sus por cuantos se aclaraba que la propiedad personal de la vivienda debía entenderse como el derecho de disfrute de la misma por el propietario y su familia, sin que pueda convertirse en un mecanismo de enriquecimiento ni de explotación. Es decir, se prohibía a los dueños vender su inmueble. Esta Ley tampoco pudo evitar el mercado negro de compraventa y construcciones.

En julio del 2000 se emitió el Decreto-Ley 211 que autorizaba las inspecciones físicas a los inmuebles, exigía aprobación institucional para permutar y otorgaba el derecho a funcionarios estatales para determinar sobre la legitimidad de la propiedad, menoscabando el derecho reconocido en la Ley General de 1988. En esa misma dirección, en febrero del 2001, se aprobó un nuevo Decreto-Ley que eliminó definitivamente la compraventa entre particulares y otorgó a las entidades municipales de la Vivienda el derecho de confiscación. Así el cuadro quedaba cerrado.

La reciente disposición, al reconocer el derecho del propietario y eliminar las autorizaciones previas de las direcciones municipales de la Vivienda, constituye un reconocimiento de lo absurdo de las leyes anteriores. Su limitación radica en que está dirigida a la esfera de la circulación: se puede cambiar de dueño, pero no se edifican nuevas viviendas. Si uno de los objetivos de la reciente normativa es “contribuir a la solución del problema habitacional”, entonces el derecho a la propiedad tiene que ser complementado con medidas dirigidas a la construcción y reparación.

Según cifras oficiales en el año 2010 había un déficit de unas 600 mil viviendas, más de la mitad de las existentes en mal estado y el 85% necesitadas de reparación. Sin embargo, la realidad indica que las cifras son mayores.
Entre los años 2001 y 2005 cuatro huracanes: Michelle (2001), Charley e Iván (2004) y Dennis (2005) ocasionaron graves daños habitacionales. Luego, en el 2008, alrededor de medio millón de viviendas fueron dañadas o derribadas totalmente por los fenómenos atmosféricos Fay, Hanna, Gustav e Ike. Teniendo en cuenta los incumplimientos de los planes constructivos, el crecimiento poblacional y los constantes derrumbes, un cálculo conservador arroja un déficit aproximado de un millón de viviendas en una población de algo más de 11 millones. Como el actual crecimiento demográfico demanda unas 50 mil nuevas casas anuales, se requiere de varias décadas edificando unas 100 mil cada año para resolver el problema el crítico problema habitacional.

La solución del problema exige incluir la participación de los ciudadanos de forma paralela al Estado y la creación de pequeñas y medianas empresas —privadas o cooperativas— de materiales de construcción, de reparaciones, de venta de materiales, de transporte y de financiamiento alternativo. Se requiere además de estudios multidisciplinarios. En fin, la participación conjunta de Estado y Sociedad.

En esa problemática, el Decreto-Ley 288 no es sino el primer paso. Importante porque va a generar un cambio de mentalidad en los cubanos y porque es un reconocimiento, hasta ahora negado, del derecho de propiedad. Eso sí, solo se trata de un primer paso.

Publicado en el Diario de Cuba (www.ddcuba.com) el 10 de octubre de 2011

En materia de libertades y derechos, la situación actual es idéntica o peor a la que desembocó en la Guerra de los Diez Años.
 
Para cualquier sociedad resultará frustrante que su historia, en lugar de marchar hacia el progreso, retroceda a pasos agigantados: es el caso de la sociedad cubana, cuya situación en materia de libertades y derechos es idéntica o inferior a la que desembocó en la Guerra de los Diez Años.

A mediados del siglo XIX cubano, cuando las contradicciones entre colonia y metrópoli parecían acercarse a una solución reformista, los hechos tomaron otro camino. La Junta de Información, convocada por el Ministro de Ultramar con participación de comisionados cubanos para esbozar un proyecto de reforma colonial, fracasó. En lugar del reclamo insular de disminuir la contribución fiscal a un 6%, se impuso un impuesto del 10% que afectó los intereses de los hacendados isleños, en particular a los de la región centro oriental.

Veamos brevemente algunos de los acontecimientos decisivos.
El 15 de septiembre de 1868 la monarquía hispana fue sustituida por un gobierno provisional, el cual siguió negando a la Isla las libertades que reclamaba para la península. La confluencia del aumento de los impuestos, las faltas de libertades y el creciente sentimiento nacional, unidos a varios factores externos desfavorables a España, pusieron la insurrección independentista a la orden del día, la cual se estructuró desde la logia Gran Oriente de Cuba y Las Antillas (GOCA)*, un cuerpo irregular masónico que devino centro de discusión e investigación de asuntos sociales y políticos.
El 10 de octubre de 1868, el movimiento independentista comenzado en Oriente se extendió en corto tiempo hasta el centro del país. La necesidad de coordinar los esfuerzos de los grupos sublevados condujo a la convocatoria de la Asamblea de Guáimaro, el 10 de abril de 1869, en la que se promulgó la primera Constitución cubana de carácter eminentemente democrático, basada en la división de poderes. Sin embargo, diez años después del inicio de aquella proeza cívico-militar, las contradicciones entre los jefes militares, entre éstos y el presidente de la República y entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, unidos al caudillismo y al regionalismo, dieron al traste con el patriótico esfuerzo.
El 14 de noviembre de 1876, cuando el general Máximo Gómez tuvo que abandonar el mando de la invasión hacia Occidente —la operación más importante de esa guerra— la iniciativa estratégica, tanto en lo militar como en lo político, pasó a manos de España. La política de pacificación puesta en vigor cayó en terreno abonado. En septiembre de 1877 tropas holguineras se erigieron en cantón independiente, uno de los regimientos de Jiguaní se presentó al enemigo y en octubre, el presidente Estrada Palma cayó prisionero. Unos días después, representantes de la Cámara entraron en conversación con las fuerzas españolas. Y finalmente, el Comité del Centro, encargado de las negociaciones de paz, firmó el 10 de febrero de 1878 el documento que puso fin al proyecto independentista; una guerra que como expresó José Martí, “no nos la quitó nadie de la mano, sino que la dejamos caer nosotros mismos”.
Así, la Guerra de los Diez Años llegó a su fin, con excepción de las fuerzas al mando de Antonio Maceo, que escenificaron la Protesta de Baraguá para expresar la inconformidad con la culminación de una contienda que no pudo alcanzar los objetivos que perseguía, hecho que sirvió de sustento a próximos intentos independentistas.
Desde el punto de vista histórico, el resultado de aquel enorme esfuerzo no puede medirse solamente por el hecho de no haber alcanzado ninguno de sus objetivos básicos, sino también por el estado actual de la sociedad cubana, separada por casi siglo y medio del Grito de Yara, el 10 de octubre de 1868.
Antes y ahora
En aquel momento, a cambio de la independencia y de la abolición de la esclavitud, entre 1879 y 1886 se aprobaron y pusieron en vigor la Ley de Imprenta, la Ley de Reuniones y la Ley de Asociaciones, refrendadas en la constitución española. Gracias a ella se crearon órganos de prensa, asociaciones económicas, culturales, fraternales, educacionales, de socorros mutuos e instrucción y recreo, sindicatos y los primeros partidos políticos de Cuba. Gracias a la amnistía contemplada en el Pacto y a la permisibilidad para que los exiliados regresaran a Cuba, José Martí, Juan Gualberto Gómez y Antonio Maceo pudieron pisar nuevamente tierra cubana.
El resultado habla por sí solo: cuando llegó a Cuba Gerardo Castellanos, enviado por Martí para preparar el nuevo alzamiento, ya existía en la Isla un movimiento organizado en varias provincias.
Actualmente, en pleno siglo XXI, aquellas libertades limitadas, pero que favorecieron la continuidad de la lucha por la independencia, están ausentes. Aún peor. Cada año, al arribar al 10 de octubre, la prensa oficial, en merecido homenaje,  recuerda el alzamiento con actos, artículos y discursos, a la vez que se ocupa meticulosamente de perseguir toda manifestación cívica de libertad, como lo demuestran las constantes acciones represivas y la enorme cifra de opositores pacíficos detenidos.
¿Qué aportó todo aquel inmenso esfuerzo por la independencia, la libertad y la dignidad de los cubanos al presente que vivimos? ¿Cómo es posible que un pueblo que derramó su sangre y sufrió en nombre de la libertad se encuentre hoy en tal estado?
 

 * Torres-Cuevas, Eduardo y Oscar Loyola Vega. Historia de Cuba 1492-1898, Formación y liberación de la nación. La Habana, Editorial Pueblo y Educación, 2001, p.210

(Publicado en el número nueve de la revista digital Voces el viernes 29 de julio de 2011, en el sitio vocescubanas.com)

Los acuerdos del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), al igual que los emanados de sus cinco congresos precedentes, han demostrando no sólo su incapacidad para resolver los graves problemas de la sociedad cubana, sino incluso para hacer cumplir los lineamientos aprobados.

La separación de las funciones partidistas de las estatales, una de las líneas básicas trazadas en el Congreso y de las cuales depende el resto de los proyectos aprobados, parece ser irrealizable. La mentalidad de los cuadros político-administrativos, ajustada a una prolongada dirección totalitaria se muestra incapaz de cumplir sus propios acuerdos. Después de haber reconocido los errores cometidos, de acordar cambiar los métodos y de separar las funciones políticas de las administrativas, las 15 asambleas provinciales del PCC, celebradas post congreso, parecen que fueron destinadas a negar lo asumido, pues en cada una de ellas sobresalió el llamado a “cambiar la mentalidad”, pero haciendo lo mismo que antes. Las asambleas  se concentraron en un llamado a sus miembros a cambiar de palabra y conservar de hecho los métodos anteriores: “El Partido tiene que ver en cada lugar qué le toca a cada quien, con nombres y apellidos; “Tenemos que conocer de antemano qué va a sembrar y cosechar cada productor”; o “Hay que exigirle a los que no hacen producir la tierra”, fueron algunos de esos planteamientos, cuyo efecto real no puede ser otro que frenar el interés de los productores y mantenerlos atados a las trabas que les impiden producir con eficiencia.

Sin embargo, la exclusión, un mal que tiene mucho que ver con el deprimente estado de la sociedad cubana, se mantiene. Las libertades ciudadanas sin las cuales no puede resolverse ninguno de los problemas que nos aquejan, continúan ausentes. Y todo indica que los que detentan el poder de la nave no tienen prisa por enmendar ese rumbo, como lo demostraron las mencionadas asambleas provinciales del PCC.

Una de las disímiles consecuencias de esa conducta radica en que además del retroceso y el estancamiento sufridos, Cuba se ha situado al margen de los procesos que se están produciendo en el orbe, lo que nos aleja más de la realidad contemporánea, en una época en que se están desarrollando acontecimientos en diferentes puntos del orbe que apuntan hacia una mayor participación ciudadana. Un proceso objetivo, universal, indetenible y complejo que requiere ser enfrentado con formas de pensar y actuar que permitan el acoplamiento de cada país a las exigencias de la época.

En fin, que se sigue careciendo de lo más vital: la conversión de los cubanos en ciudadanos, en sujetos activos de los cambios, pues la implementación de los derechos humanos, punto de partida para ese objetivo, no acaba de ocupar un lugar en la agenda gubernamental. Esa realidad indica la imperiosa necesidad de un cambio en la mentalidad, en primer lugar en las concepciones política, esfera relacionada con la toma de decisiones, con la relación entre personas con intereses comunes y con las actividades públicas que deciden la suerte de la nación.

En materia política resulta un desperdicio y una contradicción contar con valiosísimos aportes de diferentes pensadores cubanos y no  extraer de ellos todo lo útil que encierran para la actualidad. Resulta aún más contradictorio que en el Informe Central al VI Congreso del PCC se mencionaran figuras fundacionales de la cultura y la política cubanas como José Martí, el Padre Félix Varela y José de la Luz y Caballero sin tener en cuenta integralmente sus ideas, aportes y definiciones en temas tan cruciales como la libertad, la democracia, la inclusión y la participación cívica. En ese sentido, en el número ocho de Voces, dediqué un artículo al mayor político del siglo XIX, a José Martí, bajo el título Cuba: sinrazones del partido único. En esta oportunidad lo dedico al primero de ellos en orden lógico e histórico, al Padre Varela, porque fue el primero que se ocupó de la necesidad de los cambios en la forma de pensar, porque parafraseando al historiador Eduardo-Torres Cuevas, nos resulta necesario e imprescindible, porque, salvando las distancias temporales, sus enseñanzas en materia política conservan plena vigencia.

Félix Francisco José María de la Concepción Varela y Morales (1778-1853), nació en La Habana y murió en San Agustín de la Florida. Estudió en el Seminario San Carlos y en la Real y Pontificia Universidad de San Gerónimo de La Habana. En 1810 fue ordenado diácono1 y en 1811 sacerdote. En el Seminario conoció a José Agustín Caballero, quien ejerció una influencia significativa en relación a la escolástica y a la autonomía. En el Seminario ejerció las cátedras de Latinidad, de Filosofía y de Constitución. Fue el primero que habló en Cuba de patria incluyendo todo el territorio nacional; el primero en fundamentar la necesidad de la independencia de España; el primero que elaboró un proyecto para la abolición de la esclavitud en Cuba; el primero que le trazó un rumbo propio al pensamiento cubano y se empeñó en enseñarnos a pensar; y también el primero que introdujo la ética en los estudios científicos, sociales y políticos. Por todo ello José de la Luz y Caballero lo definió como nuestro verdadero civilizador y José Martí lo llamó patriota entero.

Cada época y cada generación tienen su misión histórica. Si a los criollo-habaneros de mediados del siglo XVII, encabezados por Félix Arrate, les tocó inaugurar la política insular reclamando la igualdad ante los peninsulares; y los criollo-cubanos de la segunda de ese mismo siglo, con Francisco de Arango y Parreño al frente se propusieron convertir a Cuba en la primera productora de azúcar y café en Edmundo, y lo lograron; a la generación de principios del siglo XIX –en la que se inscribe el Padre Varela– les tocó el impacto de las revoluciones burguesas que marcaron un cambio de época en la historia de la humanidad. Por tanto, al igual que las dos generaciones precedentes –y las que le sucedieron– enfrentaron la adecuación de las formas de pensamiento a los nuevos retos impuestos por la época.

Varela nació en el apogeo del tránsito del feudalismo al capitalismo, en la época en que se implantó en Estados Unidos un sistema constitucional republicano; en la época del estallido de la Revolución Francesa, que globalizó la ideología de las revoluciones burguesas; en la época de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y de las constituciones francesas de fines del siglo XVII; en el momento de la muerte del monarca ilustrado Carlos III, con lo que se clausuró el esplendor del Despotismo. Un contexto que impuso la necesidad de una política diferente a la seguida por Arrate o por Arango y Parreño.

En 1801, de regreso a Cuba después de casi 13 años viviendo con su familia en La Florida,  Varela matriculó en el seminario San Carlos, cuando comenzaba a gestarse en La Habana un movimiento cultural de corte liberal estimulado por el Obispo Espada, quien, al igual que ocurrió más tarde con Rafael María de Mendive, respecto a José Martí, le facilitó libros de su propia biblioteca y lo introdujo en las tertulias en las que se discutía  acerca de las ideas filosóficas, políticas, jurídicas, artísticas o científicas, emanadas de los eventos históricos mencionados.

Unos años después, cuando se promulgó en España la Constitución liberal de 1812, Félix Varela asumió la cátedra de Filosofía del Seminario San Carlos, desde la cual profundizó la crítica a las estructuras de pensamiento, que ya había iniciado el padre José Agustín Caballero contra la Escolástica; una crítica dirigida en primer lugar hacia la liberación del pensamiento. Su Filosofía se caracterizó por la libertad, y al liberarse creó las bases para un camino basado en nuestra realidad, “un modo propio de pensar emanado de los componentes físicos, culturales y  éticos de la emergente y aún no claramente definida cubanidad”2. De ese giro emerge su posición política hacia el poder colonial, conformando lo que pudiera denominarse una proto-politología insular, pues la politología es eso, la ciencia que estudia las relaciones de poder desde el Estado hasta las actuales redes sociales. Ocho años después, resultado de la restitución en España de la Constitución liberal en 1820, se estableció la cátedra de Constitución en el seminario San Carlos, donde Varela, respondiendo a la solicitud y consejo del Obispo Espada, el asumió la nueva institución y en el discurso inaugural expresó: “Y yo llamaría a esta Cátedra, la cátedra de la libertad, de los derechos del hombre, de las garantías nacionales, de la regeneración de la ilustre España, la fuente de virtudes cívicas, la base del gran edificio de nuestra felicidad….”3.

Sus Lecciones de Filosofía, explica Torres Cuevas, estaban integrada por tres cuerpos: 1-la teoría del conocimiento (ideología o estudio de la producción de ideas), 2- la aplicación de esa teoría a la naturaleza del hombre y a la sociedad (ideología aplicada, es decir, la ética y la política), y 3- la física (estudio de la naturaleza generadora de ideas y único campo productor de conocimiento verdadero); pero el centro de su preocupación filosófica, en correspondencia con la ética, lo constituyó el hombre, por eso, además de haber iniciado el camino hacia la independencia de pensamiento, le dio una sólida base ética a las aspiraciones del pueblo cubano, al que consideraba actor de los acontecimientos sociales. Asumió la ética por su carácter primario, elemental y esencial en las relaciones sociales, porque la misma es portadora del principio absoluto de la igualdad de todos los seres humanos y porque constituye el fundamento de los derechos sobre los cuales se erigen la dignidad, la sociedad civil y la participación ciudadana.

Para Varela uno de sus principios políticos básicos era hacer en cada momento lo que en cada momento es posible hacer, y adecuar los medios al fin, lo que explica la evolución de su pensamiento y su accionar práctico. De ahí el orden de los asuntos en que se empeñó: crear un pensamiento propio; formar virtudes cívicas y patrióticas; luchar por la autonomía de la Isla y por la abolición de la esclavitud, para lo cual elaboró un Proyecto de Autonomía para la Isla de Cuba, de carácter liberal y progresista y otro proyecto para la abolición de la esclavitud, en el momento de auge de la plantación azucarera. Proyectos reformista que, sin romper abruptamente con el sistema existente, se proponían, en correspondencia con el momento histórico, lo posible: ampliar los derechos de los nacidos en la Isla sin excluir a los originarios de África; demostrar la necesidad de la independencia y cuando comprendió su inviabilidad momentánea,  entregarse a una labor más dirigida a preparar las mentes que a gestar una conspiración. Desde esa nueva visión dedicó todos sus esfuerzos en enseñar a pensar las necesidades de la isla en términos nacionales. Según Jorge Ibarra4, se produjo por vez primera “en el pensamiento insular la fusión de las aspiraciones nacionales y sociales de las clases y los estratos que constituirían el pueblo/nación de 1868”.

Es a partir de este momento, desde El Habanero5 hasta las Cartas a Elpidio6, se concentró en lo que constituye una rareza en nuestro actuar político: la formación de conciencia y de virtudes en los futuros sujetos del cambio; hombres capaces de pensar sobre la problemática de la nación en formación, lo que explica la frase de Luz y Caballero: Varela fue el que “nos enseñó primero en pensar“ y por ello, decía el Papa Juan Pablo II, en el Aula Magna de la Universidad de La Habana: generó “una escuela de pensamiento, un estilo de convivencia social y una actitud hacia la Patria que deben iluminar, también hoy a los cubanos” y añadió: “Eso lo llevó a creer en la fuerza de lo pequeño, en la eficacia de las semillas de la verdad, en la conveniencia de que los cambios se dieran con la debida gradualidad hacia las grandes y auténticas reformas”7.

Muchos de los tropiezos actuales tienen que ver con la ignorancia de es fuente de conocimientos y virtudes. Por eso, más que mencionar al Padre Varela debería asumírsele en toda su dimensión política y humana, y en consecuencia, como él, considerar al pueblo cubano como ente político y actor de los cambios sociales; como él, partir del valor de la libertad como base del funcionamiento de la sociedad; como él, reconocer que la inclusión de todos es un principio inviolable para la convivencia; como él, aceptar que la absoluta comunidad de bienes es un delirio, pues la naturaleza misma de la sociedad exige las diferencias individuales; como él, aceptar que la igualdad social debe entenderse en términos que todos los individuos estén sujetos a la ley, teniendo unos mismos derechos si proceden de un mismo modo; y como él, tantos otros aspectos que están pendiente en nuestra sociedad; pero sobre todo, porque el Padre Varela, junto al fomento de valores y la forja de virtudes, se empeñó en enseñarnos a pensar, que no es una frase vacía de contenido, sino que  consiste en que la persona, libre de condicionamientos, encuentre primero la verdad que lleva dentro y desde ella, con libertad de espíritu, actúe en consecuencia para promover los cambios sociales; pues, como él mismo expresara de forma enfática: no hay patria sin virtud.  Todo ello hace de Varela no una reliquia pasa pare mencionar en discursos, sino un hombre del presente.

Se infiere, de lo anterior, que las posibles soluciones a los problemas actuales de Cuba, exigen, una nueva forma de pensar, un pensamiento emergido de nuestras propias raíces en estrecha relación con los procesos globales, para producir una nueva calidad, un nuevo pensamiento. El reto está en la transformación de los individuos en ciudadanos, en actores políticos. Una transformación que tiene su punto de partida en los derechos humanos reconocidos universalmente, en particular en los de la primera generación: los derechos civiles y políticos; pues el proceso de formación ciudadana y de conformación de una opinión pública inexistente, requiere actuar desde los principios ético-morales que sitúan al ser humano como fin y no como medio, como nos indicó el Padre Varela.

1 Grado sagrado inmediato anterior al sacerdocio.
2 Torres Cuevas, Eduardo y otros. Obras de Félix Varela. Tomo I, p. XX. La Habana: Editora Política, 1991.
3 C M. DE CÉSPEDES. Señal en la noche, p.84
4 Ibarra Cuesta, Jorge. Varela el precursor, un estudio de época. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2004.
5 El Habanero, Papel Político, Científico y Literario (1824-1826). Primer periódico cubano puesto en función de la independencia. Sus primeros tres números se publicaron en Filadelfia y los cuatro restantes en Nueva York. La Corona prohibió su introducción en la península e islas adyacentes.
6 Las Cartas a Elpidio, constituyen un sistema de ideas éticas y políticas de máxima utilidad que fueron pensadas para la juventud, a la cual veía como la única dispuesta a entender, asumir y querer la libertad de Cuba. Elpidio, tomado del griego, significa esperanza. Son pues, Cartas a la Esperanza.
7 JUAN PABLO II. Discursos de su santidad en su viaje apostólico a Cuba, p.15