El Blog de Dimas

“Si Cuba es un país eminentemente agrícola, si su población es en gran parte campesina, si la ciudad depende del campo, si el campo hizo la independencia, si la grandeza y prosperidad de nuestra nación depende de un campesinado saludable y vigoroso que ame y sepa cultivar la tierra, de un Estado que lo proteja y lo oriente ¿Cómo es posible que continúe este estado de cosas?

Esas palabras –pronunciadas por Fidel Castro en el juicio por el Asalto al cuartel Moncada– fueron el argumento empleado para emprender cambios en la agricultura cubana. De las cinco leyes revolucionarias que se proclamarían, una vez tomado el cuartel, la segunda “concedía la propiedad inembargable e intransferible de la tierra a todos los colonos, subcolonos, arrendatarios, aparceros y precaristas que ocupasen parcelas de cinco o menos caballerías de tierra”. El proyecto tomó cuerpo en mayo de 1959 con la Primera Ley de Reforma Agraria. Sin embargo, resultado de un giro no anunciado, el 40,2% de la tierra se convirtió en grandes unidades estatales donde la mayoría de los colonos, subcolonos, arrendatarios, aparceros y precaristas, en vez de pasar a ser propietarios, fueron convertidos en asalariados de nuevo tipo, es decir del Estado. Luego, con la Segunda Ley de Reforma Agraria (octubre de 1963), las tierras estatales aumentaron hasta el 70%. Así el proceso de diversificación esbozado en La Historia me Absolverá devino concentración en manos del Estado de un volumen de tierras superior a la de los grandes latifundios que se propuso erradicar.

Resultado de la desaparición de la mayoría de los productores privados, de la insuficiencia del salario en relación con el costo de la vida y de la restricción de las libertades cívicas, el interés de los productores declinó hasta convertir a Cuba en uno de los países con más bajos rendimientos agrícolas, a pesar de haber contado con inmensos recursos materiales para producir y de contar todavía con una gigantesca red de centros de estudios, de investigaciones y un elevadísimo número de profesionales de alto nivel.

La dependencia de las importaciones de productos procedentes del agro y el aumento sostenido de sus precios en el mercado internacional, fueron tratados en el discurso pronunciado por el General Raúl Castro el 26 de julio de 2007 en Camaguey. En esa oportunidad, aunque no se abordaron todas las causas, al menos se reconocieron los efectos y se pronunció aquella frase que llenó de optimismo a los cubanos: introducir los cambios estructurales y de conceptos que resulten necesarios.

El hecho es que, separados por medio siglo de la Primera Ley de Reforma Agraria, los males de la agricultura permanecen. El propio director del diario Granma, Lázaro Barredo, publicó el viernes 15 de mayo el artículo Miremos hacia la tierra y no hacia el barco importado, en el que bosqueja un cuadro que más o menos se pude resumir así:

Importar más de lo que se exporta, unido a la incapacidad para producir sobretensiona nuestra vida cotidiana. Se puede hacer mucho más si se modifican conceptos, métodos de dirección, sistemas de pago y estimulación y se acaba con la rutina. ¿Cómo hacerlo si no acabamos de aplicar los conceptos que el compañero Fidel ha recomendado? Si queremos la revolución de los rendimientos es preciso incorporar a los productores la idea de que se come todos los días, y por ello hay que sembrar todos los días y no por campaña. Contamos con innovaciones que pueden revolucionar la producción agrícola pero nuestros productores no son capaces de instrumentarlas. Hemos desarrollado una ciencia de Primer Mundo y, sin embargo, tenemos en los rendimientos una agricultura de Cuarto Mundo, porque nos habituamos al barco con los productos importados a partir de la confianza de que la Revolución hará siempre lo imposible por garantizar la alimentación del pueblo.

Un bosquejo en el que, si de eficiencia agrícola se trata, brillan por su ausencia aspectos ineludibles como la economía subordinada a la política, la relación entre salario y costo de la vida, el tema de la propiedad sobre la tierra y las libertades cívicas.

Cuando la economía, en este caso la agrícola, carece de autonomía y queda subordinada a fines políticos, se estanca y retrocede. Por lo tanto, en la búsqueda de eficiencia, quiérase o no, hay que emprender transformaciones estructurales dirigidas a la democratización de las relaciones económicas, para que los empresarios emergentes y los trabajadores del campo puedan participar como verdaderos sujetos interesados en los resultados de la gestión económica.
 
La no correspondencia entre salario y costo de la vida constituye otro obstáculo a resolver. Tan cierto es que sólo de puede distribuir lo que se produce como que los cubanos se niegan a trabajar por un salario simbólico. La gravedad de este aspecto se refleja en que el salario, desde que dejó de ser la fuente principal de ingresos, ha acarreado nefastas consecuencias para la economía, para las relaciones sociales y para la vida espiritual. Un problema irresoluble desde los métodos de ordeno y mando.

Las limitaciones a la propiedad constituyen un obstáculo para el interés por los resultados productivos, para la identificación, para el arraigo y para la cultura de pertenencia de los ciudadanos, al punto que con la propiedad de todo el pueblo, los cubanos prefieren subsistir apropiándose de dicha propiedad, con los consiguientes perjuicios productivos y éticos. Un problema tan vital para la nación no escapó a pensadores ilustres como el Obispo Espada; José Antonio Saco; Francisco de Frías, Conde de Pozos Dulces, Enrique José Varona y José Martí –quien condensó la idea de la propiedad agraria en una sola frase–:“Es rica una nación que cuenta muchos pequeños propietarios”.

Por último, y no por ello menos importante, está la imperiosa necesidad de implementar los derechos económicos, civiles y políticos contenidos en los pactos de derechos humanos, firmados por Cuba pero no ratificados hasta ahora, sin los cuales será imposible enfrentar la crisis en la producción de alimentos.

Los factores mencionados convergen en el interés de los trabajadores en la producción y la productividad del trabajo, un ámbito en el cual la autonomía, la remuneración, la propiedad y los derechos, constituyen factores de participación ciudadana. Sin embargo, la única medida importante dictada para resolver la crisis en la agricultura ha sido el Decreto Ley 259 de julio de 2008, el cual nació condenado al fracaso por ignorar las causas mencionadas y limitarse a la entrega de tierras ociosas y en usufructo a los campesinos que trabajan con eficiencia mientras el Estado ineficiente conserva el derecho a la propiedad.

El 17 de abril del presente año, en la V Cumbre Extraordinaria del ALBA, el Presidente del Consejo de Estado de Cuba, General Raúl Castro, expresó: Le hemos mandado a decir al gobierno norteamericano en privado y en público que ahí están los derechos cuando ellos quieran discutirlos todos: derechos humanos, libertad de prensa, presos políticos, todo, todo, todo lo que quieran discutir, pero en igualdad de condiciones, sin la más mínima sombra a nuestra soberanía y sin la más mínima violación al derecho de la autodeterminación del pueblo cubano.

El concepto de soberanía surgió del seno del liberalismo político ante la necesidad de fundamentar la autoridad de los nacientes estados nacionales en Europa. El principio del contrato social y del consentimiento de los gobernados, parte sustancial de dicha filosofía, sirvió de fundamento a las revoluciones burguesas de los siglos XVII y XVIII; acontecimientos que según Fidel Castro: abrieron el proceso de liberación de las colonias españolas en América, cuyo último eslabón fue Cuba.

Según el filósofo político y liberal Juan Jacobo Rousseau, autor de El Contrato Social, los hombres unen sus fuerzas con el fin de hacerlas obrar de conformidad. De esa fuerza común surge una forma de asociación para defender y proteger la persona y los bienes de cada asociado y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedece sino a sí mismo y permanece tan libre como antes. Tal asociación convierte a los contratantes en una persona pública, que hoy toma el nombre de República o Cuerpo Político

Como la soberanía es el ejercicio de la voluntad general, el soberano, que es el cuerpo colectivo, no puede ser representado sino por él mismo, pues el poder se trasmite, pero no la voluntad. Ese poder, dirigido por la voluntad general, toma el nombre de soberanía. Por esa razón el que dicta las leyes no debe tener ningún derecho legislativo, y el mismo pueblo, aunque quiera, no puede despojarse de un derecho que es inalienable, porque según el pacto fundamental, sólo la voluntad general puede obligar a los particulares y nunca puede asegurarse que una voluntad particular esté conforme con aquélla, sino después someterla al sufragio libre del pueblo, es decir, del soberano.

En el cuerpo político se distinguen la voluntad y la fuerza: una el Poder Legislativo; la otra el Poder Ejecutivo. Esta es la razón del gobierno en el Estado, un “cuerpo intermediario establecido entre los súbditos y el soberano para su mutua comunicación, encargado de la ejecución de las leyes y del mantenimiento de la libertad tanto civil como política”. Por ello no “es bueno que el que hace las leyes las ejecute, ni que el cuerpo del pueblo distraiga su atención de las miras generales para dirigirla hacia los objetos particulares”. Como vemos, según Rousseau, la soberanía es el ejercicio de la voluntad general, es decir, la voluntad de todas las personas que se asocian para formar un cuerpo político el cual designa un gobierno para la ejecución de esa voluntad general.

 En esta filosofía –expresó Fidel Castro en La Historia me absolverá– se alimentó nuestro pensamiento político y constitucional que fue desarrollándose desde la primera Constitución de Guáimaro hasta la de 1940. Pasemos una breve hojeada a esa historia:

Los levantamientos armados en Yara, Las Clavellinas y Manicaragua (1868-1869) generaron discrepancias respecto a la forma de gobierno. Para conseguir la unidad se convocó la Asamblea de Guáimaro en abril de 1869, de la cual emergió nuestra primera constitución mambisa. Allí, en consecuencia con la teoría formulada por Carlos-Luis de Montesquieu –escritor y jurista, autor de El Espíritu de las Leyes– se procedió a la separación de poderes: el Legislativo en la Cámara de Representantes, el Ejecutivo en el Presidente y el Judicial quedó aplazado hasta que se dictase una ley especial. Mientras de los tipos de gobierno se eligió el republicano, en el que el pueblo entero o una parte de él, tiene el poder soberano. En la Constitución de Jimaguayú (septiembre de 1895), los delegados designaron un Consejo de Gobierno compuesto por un Presidente, un vicepresidente y cuatro Secretarios de Estado con facultades para legislar. El Poder ejecutivo, depositado en el Presidente y el Poder judicial eran independientes. En la Constitución de la Yaya (octubre de 1897), se procedió de forma similar a Jimaguayú.

En la Constitución de 1901, el primer artículo quedó redactado así: “El pueblo de Cuba se constituye en Estado independiente y soberano, y adopta, como forma de gobierno, la republicana”. Mientras el 43 dice: “La soberanía reside en el pueblo de Cuba, y de éste dimanan todos los Poderes Públicos”. En la Constitución de 1940 el artículo 1 reza: “Cuba es un Estado independiente y soberano organizado como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana” y el artículo 2 dice: “La soberanía reside en el pueblo y de éste último dimanan todos los poderes públicos”.

En defensa del liberalismo político y de la división de poderes, Fidel Castro en el alegato citado expresó: Es un principio elemental de derecho público que no existe la constitucionalidad allí donde el Poder Constituyente y el Poder Legislativo residen en el mismo organismo. De acuerdo a esas palabras la Constitución vigente carece de constitucionalidad. Sin embargo, en cuanto al tema de la soberanía, el breve recorrido por las constituciones cubanas demostró que, hasta en la Constitución actual se reconoce que la soberanía reside en el pueblo cubano. El artículo 1 dice: Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana”, y el artículo 3: “En la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado”

Por las razones anteriores las palabras del General Raúl Castro en la Cumbre del ALBA pueden cobrar sentido si se aceptan las enseñanzas de nuestra historia constitucional, a saber, que antes y ahora la soberanía reside en el pueblo y por lo tanto a éste, como soberano, debe consultársele sobre un asunto de tanto interés nacional como son las conversaciones encaminadas al restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos: una materia, sin duda alguna, de soberanía popular.

Efecto de la debilidad de la sociedad civil en Cuba, el sujeto inicial de los cambios saldrá de las mismas fuerzas que han detentado el poder en el último medio siglo. Por esa razón objetiva, tanto el punto de inicio como la velocidad de las transformaciones estarán subordinados más a los intereses creados por esa fuerza que a las necesidades del país. Para ello el gobierno cubano cuenta, hasta ahora, con todo lo necesario.

Esa realidad explica la insistencia de las autoridades cubanas, en respuesta a la nueva política estadounidense, de colocar en primer plano la propuesta de canje de los opositores que guardan prisión en la Isla a cambio de los cinco cubanos condenados en Estados Unidos, tal y como si el diferendo entre ambos gobiernos se pudiera reducir a una guerra ordinaria entre dos ejércitos.

Lo insostenible de ese intento radica en que el diferendo, surgido en medio de las contradicciones ideológicas y geopolíticas durante la Guerra Fría, condujo al gobierno cubano para “defenderse del enemigo”, a desmontar la sociedad civil, eliminar los espacios e instrumentos cívicos y subordinar los derechos y libertades a la defensa del proyecto revolucionario. Medidas que resultaron tan eficientes para la “defensa” y la conservación del poder, como dañinas para el desarrollo de Cuba y la satisfacción de las necesidades de los cubanos.

Al finalizar las guerras regulares los contendientes proceden al intercambio de prisioneros, pero en el caso del diferendo, además de no constituir una guerra regular, hay otras razones que lo impiden. En primer lugar, en Estados Unidos existe una división de poderes gracias a la cual el Poder Ejecutivo, que encabeza Barack Obama, no puede determinar en materias fuera de su competencia, como es el caso de los cinco cubanos en cárceles norteamericanas, que corresponde al Poder Judicial. En segundo lugar, y esta es la razón fundamental, el gobierno cubano, para defenderse del “enemigo”, restringió los derechos ciudadanos institucionalizados desde la Constitución de 1901 y ampliados con la de 1940. Por eso, lo que interesa a la sociedad cubana es que el fin del conflicto lleve a la restitución de los derechos restringidos. En ese sentido, las posibles conversaciones son importantes en tanto sean capaces de generar un escenario que conduzca al restablecimiento de dichos derechos. Insistir en el canje sin mencionar un asunto tan vital tiende a solapar la esencia y el alcance que debe tener el fin de la hostilidad. Enarbolar el canje significa subirle la altura de la varilla al presidente norteamericano hasta hacerla insaltable, que es lo mismo que darle una patada a la posible mesa de negociaciones.

A consecuencia de las cinco décadas de conflictos Cuba está prácticamente fuera de tiempo para revertir el daño sufrido: una nación estancada en todos los campos, una generalizada inconformidad ciudadana, una creciente simpatía por las medidas del nuevo presidente de Estados Unidos y un desacuerdo manifiesto con cualquier intento de permanecer atado a la confrontación. Por esas razones, el restablecimiento de los derechos y libertades constituye la principal premisa para salir de la crisis estructural en que Cuba está inmersa y cuya causa fundamental radica, precisamente, en la ausencia de esos derechos y libertades en los cuales se sustenta la dignidad humana y la participación interesada y consciente en los problemas que aquejan a la nación.

En ese contexto el reconocimiento, tanto por el Presidente como por la Secretaria de Estado norteamericanos del fracaso de la vieja política, y en consecuencia la toma de medidas encaminadas al entendimiento y las negociaciones, constituye un reto para pasar la página de la confrontación: una oportunidad que no debe ni puede ser desaprovechada por ninguna razón, pues si antes, la tesis de no cambiar nada hasta que el otro cambie era absurda, ahora, resulta inadmisible. Por ello la declarada disposición a normalizar las relaciones en un plano de igualdad –expuesta por el General Raúl Castro en agosto de 2006, reiterada en diciembre de ese mismo año y recientemente en la V Cumbre Extraordinaria del ALBA, donde expresó: Le hemos mandado a decir al gobierno norteamericano en privado y en público que ahí están los derechos cuando ellos quieran discutirlos todos: derechos humanos, libertad de prensa, presos políticos, todo, todo, todo lo que quieran discutir, pero en igualdad de condiciones– debería comenzar a materializarse con medidas concretas.

Entre esas primeras medidas debe estar la excarcelación de los prisioneros de conciencia que son cubanos y no norteamericanos capturados en combate. Y sólo ellos deben decidir su lugar de residencia y gozar del derecho de entrar y salir de su país una vez que sean liberados. A lo anterior hay que agregar: Que cualquier otra salida constituiría una violación de las libertades y un atentado a la dignidad humana; que la liberación de algunos prisioneros políticos, aunque haya sido con licencia extrapenal, anula cualquier razón para mantener a otros en prisión por la mima causa; que su excarcelación sería un gran paso en el camino de la necesaria reconciliación nacional y una inequívoca señal de voluntad gubernamental, por encima de intereses ideológicos o políticos; y que sería un importante paso de acoplamiento a las normas de derechos reconocidas internacionalmente y contenidas en la Carta de las Naciones Unidas, lo que legitimaría al gobierno ante una comunidad internacional que ha venido solicitando la liberación de dichos prisioneros.

Pero lo principal es que el Gobierno cubano debe hacer gestos dirigidos a su propio pueblo, entre ellos ratificar e implementar los pactos de derechos humanos que fueron firmados en febrero de 2008, los cuales recogen los altos ideales de libertad, justicia y paz fundamentados en el reconocimiento de la dignidad y de los derechos iguales e inalienables inherentes a todos los seres humanos y dictar las disposiciones legislativas internas para hacer efectivos esos derechos ciudadanos, hoy ausentes en Cuba.

En ese sentido, la normalización de las relaciones con Estados Unidos no puede ser sino el inicio de la democratización de Cuba. Entre esas primeras medidas, en lugar de un canje, debería estar la liberación de los presos por causas políticas, lo cual depende del único poder existente en el país, mucho más ahora que la causa de su encarcelamiento –la amenaza externa– se ha disipado.

Los mandatarios de los países integrantes de la Alternativa Bolivariana para las Américas reunidos el pasado 17 de abril en Cumaná, Venezuela, adoptaron un documento donde se declara la inexistencia de consenso para aprobar el Proyecto de Declaración de la V Cumbre de las Américas que comenzó ese mismo día en Puerto España, Trinidad y Tobago.

La correcta interpretación del tiempo, como propiedad universal del movimiento del universo y factor objetivo del desarrollo social, constituye una necesidad práctica de la que la política no escapa. La ignorancia de esa realidad conduce al intento quimérico de vivir de espaldas a los nuevos tiempos. El ascenso al poder en América Latina de un grupo de gobiernos de izquierda, en especial el de Hugo Chávez, crearon la falsa ilusión de que después de las fracasadas tentativas de acceder al poder mediante movimientos armados, los postulados de la revolución se iban a diseminar por todo la región mediante las victorias electorales. En efecto, los males acumulados y las malas administraciones en estos países prepararon las condiciones para que los partidos de izquierda capitalizaran el electorado a su favor.

El error de los que así pensaban consiste en la incomprensión de la radical diferencia que existe entre arribar al poder mediante una insurrección y lograr ese mismo fin a través de un proceso electoral. En el primer caso, las revoluciones al actuar como fuentes de derecho garantizan su permanencia en el poder sin tiempo límite; en el segundo caso, aunque se logre instituir la reelección presidencial, gracias a los mecanismos democráticos los gobiernos electos quedan sujetos a la revalidación periódica. En este caso, que es lo que está ocurriendo en la región, los resultados prácticos de la gestión de gobierno tienen que trascender al populismo y a las promesas de futuros luminosos.

De tal forma el retorno a los escenarios cívicos impide, de un lado, cualquier intento de alcanzar el poder por las urnas para derivar hacia el totalitarismo, mientras de otro lado, coloca al gobierno cubano en una posición incomoda para integrarse verdaderamente a la región sin acogerse a esos mismos mecanismos democráticos presentes en el resto de los países latinoamericanos, a los cuales las autoridades cubanas brindan un apoyo que niega a su propia sociedad. Tal contradicción, al hacerse cada vez más flagrante e insostenible, se va reflejando en las relaciones con los propios socios de la izquierda latinoamericana, pues Cuba, detenida en la historia, ha pasado a ser el único país en la región que carece de los derechos civiles y políticos para la participación ciudadana y eso le resta, quiérase o no, legitimidad a cualquier bloque de países.

La recién concluida Cumbre extraordinaria del ALBA es la mejor prueba de la afirmación antes expuesta. En la declaración aprobada por los Jefes de Estado y de gobierno allí reunidos, entre ellos el cubano, se aprobó un documento en el que se declara la inexistencia de consenso para aprobar el Proyecto de Declaración de la V Cumbre de las Américas. En dicho documento, estructurado en 15 puntos, al menos cuatro de ellos son incumplidos por el gobierno cubano.

En el punto 9 se condena “la discriminación de los migrantes en cualquiera de sus formas” y se califica la misma como un “Derecho Humano”; en consecuencia se demanda “una reforma urgente de las políticas migratorias del gobierno de los Estados Unidos”. Sin embargo, en Cuba, uno de sus firmantes, no existe la libertad de movimiento y los ciudadanos para salir de su país tienen que solicitar un permiso al Estado.

En el punto 10, se dice que los “servicios básicos de educación, salud, agua, energía y telecomunicaciones tienen que ser declarados derechos humanos”, pero resulta que en Cuba el acceso a las redes informáticas y las telecomunicaciones está impedido para el ciudadano común.

En el punto 11 se plantea “fortalecer, como único canal legítimo para la discusión y análisis de las agendas bilaterales y multilaterales del Continente, la base del respeto mutuo entre los Estados y los gobiernos, bajo el principio de la no injerencia de un Estado sobre otro y la autodeterminación de los pueblos”. En Cuba el aspecto de la “autodeterminación de los pueblos” es inexistente debido a la prohibición del derecho de asociación, que es uno de los fundamentos para dicho ejercicio.

En el punto 12 se exige “poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero” impuesto por Estados Unidos a Cuba, un reclamo además, de todos los gobiernos de la región. Sin embargo, no se menciona la inflexión producida en la política norteamericana hacia Cuba con el presidente Barack Obama, la cual comenzó a materializarse en hechos concretos: la suspensión de las restricciones a los viajes y a las remesas familiares, unido a la disposición de avanzar en otros temas como el de las telecomunicaciones. Esas medidas constituyen, sin dudas, el inicio de un camino que puede y debe conducir hasta la suspensión del embargo.
Tan excelente oportunidad para pasar la página de la confrontación, entrar al capítulo de las negociaciones y trazar un nuevo rumbo a las relaciones entre Cuba y Estados Unidos no debe perderse. El resultado que se alcance depende ahora en gran medida de hechos recíprocos de parte de Cuba, pero principalmente de los gestos del gobierno a su propio pueblo, que ha quedado rezagado en materia de derechos respecto al resto de la región. Las medidas en ese sentido eliminarían la contradicción actual entre Cuba y los propios países que integran el ALBA.

Dimas Castellanos

En América Latina, el cuadro de injusticia social, dictaduras, violencia y corrupción administrativa, unido a los fracasados intentos del desarrollismo, el neoliberalismo y el intento cubano de socialismo real, explican el por qué amplios sectores sociales de la región han puesto sus esperanzas en la izquierda.

Un ejemplo aleccionador es el de Venezuela, donde el Teniente Coronel Hugo Chávez, quien después de un frustrado intento de golpe militar en 1992, hizo uso de la “democracia burguesa”, se postuló en 1998 y con un mensaje populista ganó los comicios con casi el 57% de los votos emitidos. Una victoria electoral que no era sino una oportunidad para emprender cambios estructurales y convertir a los venezolanos en sujetos económicos; por eso hablar de triunfos sin cambio es confundir el apoyo popular ante el desespero con el apoyo incondicional para incubar dictaduras.

En julio de 2000 al ser reelegido para un nuevo mandato de seis años con casi el 60% de los votos emitidos, Chávez anunció una “profunda transformación de las estructuras económicas y sociales del país”. Con ese supuesto fin solicitó de la recién creada Asamblea Nacional poderes especiales para legislar por decreto en materias económica, social y de administración pública, poderes que le fueron concedidos. En agosto de 2004, al ser ratificado por el referendo revocatorio, convocó una asamblea constituyente para reformar la Carta Magna, con lo cual reforzó su poder presidencial, eliminó el Senado, vació el poder legislativo en la unicameral Asamblea Nacional y estableció un mayor control estatal sobre los medios de comunicación y la actividad económica: una concentración de poder sólo comparable con la de la dictadura del general Juan Vicente Gómez entre 1908 y 1935.

En el 2006 al ganar las elecciones presidenciales convocó a un nuevo referéndum con el objetivo de convertirse en dictador constitucional. Sin embargo, la voluntad del pueblo se impuso con el NO. De casi 15 millones de electores, menos del 28% lo hizo por Chávez. Recientemente, en el referéndum constitucional de febrero de 2009, de 11 517 632 venezolanos que asistieron a las urnas, 6 319 636 (54,86%) votaron por el Sí, 5 198 006 (45,13%) lo hicieron por el No y mientras otros 4 954 958 se abstuvieron.

Los 11 años de constantes elecciones y referéndum encierran una gran enseñanza: Venezuela ha regresado definitivamente de la violencia a las urnas, configurando una situación política que rebasa sus fronteras. Veamos:

1- Los intentos de llegar al poder por las urnas para desde ahí encaminar una revolución hacia el totalitarismo carece de perspectiva, pues al emerger de las urnas, tiene que revalidarse, una y otra vez, por esa misma vía, donde la soberanía popular y la sociedad civil llevan la voz cantante y Chávez, aunque logró limitar, no pudo barrer, los espacios, procedimientos e instituciones cívicas existentes para alcanzar ese fin. Esa realidad quedo demostrada con la derrota sufrida en el referéndum de 2006, cuando dijo al los electores : “el que vote por el Sí está votando por Chávez, el que vote por el No, vota por Bush; un argumento electoral que le jugó una mala pasada: La mayoría no votó por Bush, pero tampoco Chávez.

2- Los esfuerzos coyunturales dirigidos a distribuir recursos y servicios desde el poder hacia los menos favorecidos tiene sus límites. A pesar de todos los recursos empleados durante más de una década, la división de los que han asistido a las urnas –en una proporción aproximada de 60% y 40%– no ha podido ser cambiada, lo que legitima ante Venezuela y ante el mundo tanto al Presidente como a la Oposición. De tal forma que ninguna de las partes puede hablar en nombre de Venezuela, sino de la parte del pueblo que lo apoya y a la vez demuestra que la reelección depende de la voluntad para transformar el populismo revolucionario en cambios reales, lo que implica democratización, libertades, garantías y no teatro de temporada. Una enseñanza válida tanto para el Gobierno como para la Oposición.

3- La transformación más significativa ocurrida en Venezuela radica en el cambio producido en la cultura política de los sectores populares. Los venezolanos, a favor o en contra de Chávez, han aprendido a hacer uso de los mecanismos democráticos. Si se equivocan en una elección, aprenderán de los errores y podrán rectificarlos en la próxima oportunidad, cosa que es imposible cuando los espacios cívicos son barridos por las revoluciones.

4- Para los cubanos resulta demasiado evidente la contradicción gubernamental de apoyar procedimientos electorales al exterior y a la vez negarlos a sus conciudadanos. De todas formas el acceso a la participación política de millones de ciudadanos en Venezuela, tendrá sin dudas un efecto positivo sobre el presente y el futuro del país sudamericano y de la región a la que pertenecemos.

Gracias a la sociedad civil –instrumento imprescindible para la participación popular, paralela y autónoma respecto al Estado– el intento de instaurar una “dictadura constitucional” está derivando en el fortalecimiento de los mecanismos que potencian la soberanía popular.

La Habana, 5 de marzo de 2009

Dimas Castellanos

El pensamiento político cubano durante la colonia evolucionó desde los reclamos enarbolados por Félix de Arrate hasta José Martí, quien conformó el proyecto de la república moderna basada en la dignidad plena del hombre con todos y para el bien de todos. En cuanto a las libertades cívicas, implementadas en Cuba por los acuerdos del Pacto del Zanjón, el momento en que Martí elaboró ese proyecto, la situación no difiera esencialmente de las ahora existentes en pleno siglo XXI. Como los pueblos que desconocen su historia están condenados a repetir los errores del pasado, como expresara un colega mío, lo que Cuba nunca podría hacer, a menos que quiera suicidarse como nación, es cancelar ese pensamiento.

La Guerra que Martí organizó con ese fin terminó en la República de 1902 con independencia incompleta y soberanía limitada. La limitada justicia social manifestada en la desigualdad de oportunidades para negros y blancos y en la concentración de la propiedad, se conservaron en el nuevo escenario y aunque cuatro décadas más tarde la Constitución de 1940 sentó las bases para el fomento de una sociedad democrática, por nuestras carencias cívicas desembocó en el Golpe militar de 1952 y seguidamente en la respuesta insurreccional que triunfó en 1959; un proceso que aparte de algún que otro avance en sectores como la salud y la educación, el único mérito que puede exhibir es medio siglo de resistencia y la pérdida de libertades y derechos que nos sitúan en la época colonial.

José Martí, precursor en Cuba de la política como proceso se propuso fundar un pueblo nuevo y de sincera democracia, capaz de vencer, por el orden del trabajo real y el equilibrio de las fuerzas sociales, los peligros de la libertad repentina en una sociedad compuesta para la esclavitud. Para ello estableció una relación genética entre partido, guerra, independencia y república. Fundó un partido para aunar voluntades, organizar, controlar, crear conciencia, sustituir la inmediatez y dirigir la guerra que habría de traer la República. No para dominar y prohibir la existencia de partidos diferentes, no para trabajar por el predominio de clase alguna; sino para la agrupación, conforme métodos democráticos, de todas las fuerzas vivas de la patria. En las Bases del Partido Revolucionario Cubano planteó que el mimo: no se propone perpetuar en la República Cubana, con formas nuevas o alteraciones más aparentes que esenciales, el espíritu autoritario y la composición burocrática de la colonia, sino fundar en el ejercicio franco y cordial de las capacidades legítimas del hombre, un pueblo nuevo y de sincera democracia, capaz de vencer, por el orden del trabajo real y el equilibrio de las fuerzas sociales, los peligros de la libertad repentina en una sociedad compuesta para la esclavitud.

Organizó la guerra necesaria como forma de hacer política. Por ello delimitó las funciones de la guerra de modo que en la conquista de la independencia fueran los gérmenes de la república de mañana, pues consideraba que en la hora de la victoria sólo fructifican las semillas que se siembran en la hora de la guerra. Por eso, al apartarse del Plan Gómez-Maceo le escribió al generalísimo: Pero hay algo que está por encima de toda la simpatía personal que usted pueda inspirarme, y hasta de toda razón de oportunidad aparente: y es mi determinación de no contribuir en un ápice, por amor ciego a una idea en que me está yendo la vida, a traer a mi tierra a un régimen de despotismo personal, que sería más vergonzoso y funesto que el despotismo político que ahora soporta.

Consideraba a la república como igualdad de derecho de todo el nacido en Cuba; espacio de libertad para la expresión del pensamiento; economía diversificada en manos de muchos pequeños propietarios; edificada sin mano ajena ni tiranía, para que cada cubano fuera hombre político enteramente libre. Mientras concebía a la patria como dicha de todos, y dolor de todos, y cielo para todos, y no feudo ni capellanía de nadie. Definiciones que remató con aquel ideal tan lejano aún: Yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre.

En La futura esclavitud compartió la crítica realizada por Herbert Spencer al socialismo de Estado, donde se plantea entre otras cosas que si: los pobres se habitúan a pedirlo todo al Estado, cesaran a poco de hacer esfuerzo alguno por su subsistencia. De ser siervo de sí mismo, pasaría el hombre a ser siervo del Estado. De ser esclavo de los capitalistas, como se llama ahora, ira ser esclavo de los funcionarios. Esclavo es todo aquel que trabaja para otro que tiene dominio sobre el; y en ese sistema socialista dominaría la comunidad al hombre, que a la comunidad entregaría todo su trabajo.

En Cuba los cambios realizados después de 1959 no responden a las necesidades actuales. Se requieren nuevas transformaciones. La Coincidencia entre el fracaso del socialismo totalitario, manifestada en que los de abajo no quieren y los de arriba no pueden y un ambiente externo favorable con la suspensión de las sanciones por parte de la Unión Europea, la reinserción en los mecanismos políticos de la región, el cambio de presidente en Estados Unidos, hace del momento actual una excelente oportunidad para iniciar, sin más retraso, los cambios estructurales que Cuba necesita. Pero sin olvidar a Martí, porque ese cambio requiere de un nuevo proyecto nacional conformado con la participación de todos. Su realización, ahora o después, será el mejor homenaje en este 28 de enero y en los futuros aniversarios del Maestro.
La Habana, 19 de enero de 2009

Dimas Castellanos

El diferendo entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, un proceso conflictivo que comenzó desde 1959, comenzó su conteo regresivo con las primeras medidas del gobierno de Barack Obama.

El gobierno revolucionario cubano al arribar al poder en 1959 emprendió un proceso de nacionalización de la propiedad, que al amenazar los intereses de Estados Unidos condujo al deterioro de las relaciones hasta que el conflicto pasó a ocupar el centro de la política entre los dos gobiernos. La ruptura de relaciones diplomáticas y el desembarco por Bahía de Cochinos en 1961, el embargo comercial y el bloqueo naval en 1962, las leyes Torricelli y Helms-Burton en los años noventa, la Comisión de Ayuda a una Cuba Libre y la creación de un Fondo para la Libertad en la presente década, fueron algunos de esos momentos. Para los cubanos el daño principal de esa política foránea radica en que solapó las contradicciones entre Estado y sociedad, facilitó el desmontaje de la sociedad civil y condicionó el estancamiento que nos ha conducido a la actual crisis.

En los años 60 del siglo XIX, bajo la presidencia de Abraham Lincoln, se proclamó la emancipación de los esclavos y se aprobaron constitucionalmente los derechos cívicos básicos de los afro-norteamericanos, quienes armados con esos instrumentos legales iniciaron una cruenta lucha hacia la plena igualdad con los ciudadanos blancos. A pesar de infinidad de obstáculos, la convivencia con la población blanca fue forjando en los negros una conciencia creciente de pertenencia a la nación y de igualdad de sus derechos que desembocó, a mediados del siglo XX, en el poderoso movimiento cívico que obligó al Congreso a reconocer la inconstitucionales de las leyes sobre la segregación, la enseñanza, el transporte, el voto, el alquiler de viviendas y el trabajo.

Gracias a esas legislaciones los negros se registraron para el voto, se elevó su número en la Cámara de Representantes, en las legislaturas de los Estados del Sur y en los gobiernos locales. En 1966 fue electo el primer negro como Senador federal, en 1984  el reverendo Jesse Jackson como eventual candidato presidencial, en 2001 el General Colin Powell como Secretario de Defensa, entre otros, hasta desembocar en enero de 2009 en la elección de Barack Obama como presidente de la nación.

Con la Ley aprobada el pasado 11 de marzo, los cubanos residentes en Estados Unidos con un parentesco de hasta tres generaciones podrán viajar anualmente a la isla, gastar hasta 179 dólares diarios y solicitar un permiso adicional, por emergencia familiar. Además se  autorizó la venta de alimentos y medicinas al gobierno de Cuba sin necesidad de pagar por adelantado. La eliminación de esas restricciones pone sobre el tapete la posibilidad de pasos subsiguientes, algo que depende ahora de las medidas que Cuba disponga. La tesis de no cambiar nada hasta que el otro cambie está contra la pared.

El tiempo es una propiedad del movimiento del universo y como tal un factor objetivo del desarrollo. La universalidad del mimo y su correcta interpretación constituyen un problema práctico, por lo que estamos obligados a tenerlo en cuenta en los procesos sociales. La mejor prueba de ello es que en Cuba, ese tiempo se agotó. Se requiere ahora de una voluntad política superior, pues los cambios encontrarán un pueblo desesperanzado, apático, descreído e inmerso en una negativa moral de sobrevivencia. Con independencia de cualquier razón para haber demorado las transformaciones, el resultado ha sido que los problemas irresueltos se han multiplicado. Sin embargo, en medio de esa desventaja habrá que proceder a las transformaciones, pues las condiciones internas y externas obligan a marchar hacia ellas o hacia una situación donde todos seremos perdedores.

Desaparecido el socialismo de Europa del Este, el triunfó de Hugo Chávez en los comicios venezolanos de 1998 celebrados con casi el 57% de los votos emitidos, permitió al gobierno cubano posponer una vez más el inicio de reformas. Sin embargo, recientemente en el referéndum constitucional de febrero de 2009, de 11 517 632 venezolanos que asistieron a las urnas, los votos a favor y en contra se dividieron aproximadamente en un 55 y 45 por ciento, mientras casi cinco millones se abstuvieron. Los 11 años de Chávez en el gobierno han demostrado que: los intentos de alcanzar el poder por las urnas para derivar hacia el totalitarismo carece de perspectivas; que los vencedores tienen que revalidarse una y otra vez  por las urnas, donde la decisión ciudadana y la sociedad civil llevan la voz cantante; que los esfuerzos coyunturales dirigidos sólo a distribuir, si no se acompañan con cambios estructurales terminan en el fracaso; que esos resultados ponen al gobierno de Cuba en posición incómoda al apoyar procedimientos democráticos  al exterior y a la vez negarlos al interior. A esos cambios en la región se agrega la nueva política de Estados Unidos, lo que constituye un fuerte golpe contra el inmovilismo cubano y brinda una excelente oportunidad para pasar la página de la confrontación y entrar al capítulo de las negociaciones.

Es el momento de demostrar la voluntad de normalizar las relaciones en un plano de igualdad, expuesta por el actual Presidente de Cuba y de la necesidad de introducir los cambios estructurales y de conceptos que resulten necesarios que anunciara en julio de 2007. Más que una respuesta a las medidas unilaterales tomada por el gobierno norteamericano serían pasos a favor de los propios cubanos, que víctimas del conflicto entre los dos países han retrocedido en materia de derechos a la época colonial. Con el tiempo agotado y el espacio cerrado, Cuba tiene una sola opción: cambiar, una responsabilidad que recae totalmente en los que detentan el poder en estos momentos.
La Habana, 13 de marzo de 2009

Dimas Castellanos

En enero de 1939 1500 delegados en representación de 789 asociaciones obreras se reunieron en La Habana para dejar constituida la Central de Trabajadores de Cuba (CTC); 20 años más tarde, en el X Congreso, celebrado en noviembre de 1959, el movimiento obrero independiente recibió el golpe definitivo: la CTC fue disuelta y sustituida por la CTC- Revolucionaria. El entonces secretario general, David Salvador se encargó redemostrar la pérdida de identidad cuando expresó que los trabajadores no habían ido al Congreso a plantear demandas económicas sino a apoyar a la revolución . Ante la pregunta de Emilio Máspero, observador del Movimiento Social Cristiano, acerca de cuál era entonces el proyecto de los trabajadores, David respondió: “Lo que diga el Comandante”.

De esa forma culminó una historia que había tenido su inicio a partir de la segunda mitad del siglo XIX cuando, durante el proceso de sustitución de la mano de obra esclava por el trabajo asalariado, se crearon las primeras organizaciones, las cuales en poco tiempo se extendió a todas las ciudades importantes del país, se desarrollaron las primera huelgas, los primeros congresos obreros y se crearon varios periódicos obreros. A principios del siglo XX el sindicalismo escenificó una ola de huelgas exigiendo la disminución de la jornada laboral y el aumento de salarios que paralizaron la vida económica de la capital y se extendieron a otras regiones del país. Gracias a ese movimiento y a la negociación obrero-patronal se aprobaron varias legislaciones obreras como la: definición de los días festivos y de duelo, la jornada de 8 horas para trabajadores del Estado, la prohibición del pago con fichas y vales y el cierre de los establecimientos comerciales y talleres a las seis de la tarde. Posteriormente, la disminución de los salarios generó un auge de las huelgas, ahora bajo la influencia de la tesis marxista de la lucha de clases como motor de la historia. A pesar de ello, los permanentes conflictos obrero-patronales que perjudicaban los embarques de azúcar, condujeron en 1924 a la creación de las Comisiones de Inteligencia Obrera de los Puertos, con poderes legislativos y ejecutivos, las que dejaron una gran experiencia acerca de la validez de la negociación.

La perdida de identidad del movimiento obrero se puso de manifiesto desde1925 con la fundación en el mismo mes de la Central Nacional Obrera de Cuba (CNOC) y del Partido Comunista. Poco después, cuando la crisis de los años 30 obligó al cierre de varios ingenios, aunque el gobierno prohibió las organizaciones obreras, éstas en 1933 paralizaron decenas de ingenios y colonias de caña, un movimiento que se generalizó en todo el país hasta derrocar a Machado, quien había asegurado que ninguna huelga duraría más de 24 horas. En algunos ingenios ocupados se crearon Soviet de Obreros y Campesinos a imagen y semejanza de la Revolución de Octubre de 1917.

La pujanza del movimiento obrero condujo a la aprobación de una legislación laboral que comprendía: el derecho de huelga; jornada de 8 horas; salario mínimo para los azucareros; estabilidad del empleo; vacaciones, licencias por enfermedad y por maternidad retribuidas, seguida del Decreto 798 de abril de 1938: el más importante en legislación laboral republicana; resultados que se recogieron en 27 artículos de la Constitución de 1940: desde  el salario mínimo hasta las pensiones por causa de muerte. Todo ello hizo de los sindicatos un sector importante de la sociedad civil cubana: El Retiro de Plantas Eléctricas construyó el moderno edificio de Carlos III que arrendó a la Compañía de Electricidad; el Retiro Gastronómico construyó el Habana-Hilton y el de Artes Gráficas procedió a desarrollar el reparto Gráfico, mientras el Palacio de los Trabajadores se construyó con aportes obreros y donativos gubernamentales.

La agudización de la pugna entre los partidos políticos auténtico y comunista por el control de tan importante sector se resolvió a favor de los primeros con la victoria electoral de los auténticos en 1944. Ante el Golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, Eusebio Mujal, entonces Secretario de la CTC aceptó una oferta del gobierno de Batista a cambio de conservar los derechos adquiridos por la CTC. De tal forma la subordinación del movimiento obrero a la política le asestó otro fuerte golpe al sindicalismo cubano. La dirección auténtica apoyó al gobierno de Batista en detrimento del sindicalismo.

Con el triunfo insurreccional del 1 de enero el sindicalismo cubano recibió el tiro de gracia. En enero de 1959 la CTC fue disuelta y sustituida por la CTC-R. En el X Congreso, celebrado a fines de 1959 se generó un conflicto por el control de la organización que se decidió por la vía administrativa. El Ministro del Trabajo, investido de facultades realizó pos-congreso lo que fue imposible durante sus sesiones. Despidió dirigentes sindicales e intervino sindicatos y federaciones hasta dejar excluidos a la mayoría de los dirigentes electos para el X Congreso. Ya en el XI Congreso de la CTC-R, celebrado en 1961, no quedaban vestigios del otrora movimiento obrero. Por vez primera se postuló un candidato para cada puesto y los delegados, representando al gobierno, renunciaron a casi todas las conquistas históricas del sindicalismo cubano. El movimiento obrero quedó bajo control del Estado y la CTC se transformó en el brazo auxiliar del Partido Comunista.

Lo ocurrido en Cuba corrobora una indiscutible tesis: sin autonomía es imposible la existencia de un verdadero sindicalismo. Sus funciones, al depender del gobierno, dejaron de emanar de las necesidades e intereses de los trabajadores, lo que condujo a su desnaturalización y desaparición. El resultado es evidente la no correspondencia entre salario y costo de la vida y su reflejo en el desinterés productivo.
La Habana, 20 de enero de 2009

Dimas Castellanos

Peligro de guerras, confrontación entre hermanos y serios problemas de salud para el naciente año 2009 están entre los augurios de Ifá. La información fue brindada en conferencia de prensa por la Comisión Organizadora de la Letra del año el viernes 2 de enero en el municipio capitalino 10 de Octubre. La misma fue presidida por los sacerdotes de Ifá Guillermo Diago “Ogbe Weñe”, Lázaro Cuesta “Omo Ocdun Iwori Bofun” y Víctor Betancourt “Omolófaoró”, en presencia periodistas, personalidades religiosas, investigadores, académicos y pueblo en general.

En la presentación Lázaro Cuesta destacó la gratitud y respeto a las enseñanzas de Miguel Febles Padrón “Awo Odika” (1911-1986), considerado Oluo Orisha, es decir, figura prominente de la Regla de Osa en el siglo XX. Febles –a quien se le otorgó la jerarquía de babalawo a los 7 años de edad y la ejerció hasta su fallecimiento– fue el principal impulsor de la unión de diversas Casas Templo que realizaban predicciones de forma independiente para unir sus labores en la Comisión Organizadora de la Letra del Año desde 1987.

Fiel a la tradición a las 12 de la noche del 31 de diciembre se inició el proceso de consulta a Orula, donde el sacerdote más joven –cuya iniciación en los secretos de Ifá apenas había culminado el día anterior– tuvo la responsabilidad de manipular las 16 semillas sagradas y extraer el signo regente (Letra del Año) de entre 256 signos posibles.

La Letra resultante, Ofun Nabe, es símbolo de confrontación por beneficios. La Oración Profética: Un bien de inmunidad ante el peligro, apoyados en Ogun, deidad relacionada con la guerra y con la curación. La divinidad regente recayó en Ogun, el orisha dueño de los hierros, de la forja y de la guerra; una deidad que es adorada en las ciudades de Ire y de Iyesa, al oeste de Nigeria que en Cuba se sincretiza con San Pedro, San Juan Bautista y San Gabriel; su color es el verde. La divinidad acompañante es Oya, orisha dueña de las tormentas, los vientos suaves y las centellas; es la diosa del río Níger y una de sus funciones es apaciguar la violencia; se le considera la primera y favorita esposa del orisha Shango. Su color es el carmelita. La Bandera del Año, por los colores de Ogun y de Oya resultó verde con ribetes carmelita.

Según la leyenda Ofun –signo regente– entró en contradicción con su hermano mayor porque éste se incomodó al no recibir un reconocimiento que consideraba merecer y en venganza trajo y distribuyó el dinero. De esa contradicción surgió la confrontación por el dinero, de ahí que la Letra indique la inminencia de contradicciones entre hermanos.

De la elección e interpretación de las historias y patakies que forman parte del cuerpo literario de Ifá, la Comisión Organizadora alerta acerca de malformaciones congénitas, parásitos intestinales, trastornos digestivos cuya causa pueden ser el agua y trastornos en los fluidos del cuerpo. Para ello se debe tener cuidado con la insolación, vigilar los embarazos de la mujer, los fibromas y las tumoraciones internas. En cuanto a acontecimientos de interés social, se advierte sobre: contaminación de las aguas potables, daños ocasionados por el consumo de bebidas alcohólicas, desastres naturales de gran intensidad, peligro de guerra y confrontaciones entre hermanos y entre padres e hijos, y necesidad de respeto en el hogar.

Recomiendan el cuidado con la calidad de las aguas de consumo humano, el mejoramiento de las redes de conducción de agua, priorizar la sanidad ambiental, cuidar los fluidos del cuerpo, especialmente el semen que tiene la responsabilidad de la reproducción, evitar los conflictos por asuntos económicos, ser cuidadosos al hablar para evitar confrontaciones interpersonales, respetar en la familia el espacio de los demás, rescatar los valores de respeto cívico, darle atención a los muertos en todas sus formas, cuidar la fidelidad matrimonial y no divulgar lo secretos que nos sean confiados.

Los refranes del signo resultaron: 1- el pensamiento de un lobo basta para matar a una oveja; 2- ningún desastre afecta a la tiñosa; 3- digno el hombre que se le compara con un niño; 4-mujeres y dinero no tienen hermanos; y 5- asegura bien la cerca por si halan el bejuco.

En las respuestas a las interrogaciones de la prensa los sacerdotes de Ifá Lázaro Cuesta y Víctor Betancourt plantearon que la Letra del 2009 es una de las más preventivas, que se trata de un año con crisis económica, pero de triunfos. El golpe puede llegar, pero se puede amortiguar si le presta la debida atención a las predicciones. Ifá está llamando hace tiempo al cambio de conducta de los hombres, hemos avanzado tecnológicamente pero la conducta no ha variado. La posibilidad está en nuestras manos y el motor es el amor, del que depende la calidad y sentido de las acciones.

La atención que debe prestarse a las predicciones de Ifá, introducida en Cuba por los esclavos lucumiés y conservada por sus descendientes, tiene su fundamento en los acertados vaticinios en los años precedentes. Según Lázaro Cuesta no se puede ocultar el peligro que encierra el signo, es un año que hay que estar de guardia porque se va a incrementar la guerra por dinero. Hay que analizar y dialogar para que el dinero se distribuya y sea útil, pues su carencia es causa de violencia.

Los augurios para el 2009 constituyen un reto para todos, gobernantes y gobernados, creyentes o no. Lo que suceda está en dependencia de la conducta que se asuma; hay que interpretar lo que dice Ifá y hacer todo lo posible para evitar los males. En ese sentido, entre nuestros abultados males, se debería tomar medidas con la no correspondencia entre salario y costo de la vida en Cuba, una de las causas de violencias y robos que pudieran incrementarse. La esencia de las profecías radica en que los aspectos negativos se pueden atenuar o cambiar en dependencia de la conducta de los hombres. La Habana, 4 de enero de 2009

Los recientes fenómenos atmosféricos que azotaron a Cuba, aunque  agudizaron el desabastecimiento de productos agrícolas no constituyen la causa de ese fenómeno. La misma radica en la prolongada y profunda crisis en que se encuentra inmersa la sociedad cubana.

La toma de conciencia por parte de las autoridades, acerca de la insuficiencia en la producción agropecuaria, quedó manifestada el 26 de julio de 2007 en Camaguey cuando el General de Ejército Raúl Castro planteó la imperiosa necesidad de producir aquí –donde sobra tierra y las lluvias de los dos últimos años han sido generosas– los alimentos que se compran en el mercado internacional a precios crecientes. Luego, durante la clausura del VI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en abril de 2008, calificó la producción de alimentos como asunto de máxima seguridad nacional; y el 11 de julio, al volver sobre el tema, expresó enfáticamente: ¡Hay que virarse para la tierra! ¡Hay que hacerla producir!

Mucho antes de los recientes huracanes se conocía que aproximadamente la mitad de las tierras del país permanecían ociosas, muchas de ellas infectadas por el marabú; y que los campesinos privados y las cooperativas, con sólo el 35% de las tierras cultivables, aportaban más del 60% de los productos del campo. La comprensión de tan crítica situación –no atribuible al enemigo externo– quedó condensada en una expresión que creó expectativas y esperanzas en muchos cubanos: introducir los cambios estructurales y de conceptos que resulten necesarios.

Del dicho al hecho hay un gran trecho, dice uno de esos refranes cargados de sabiduría popular. Está fehacientemente demostrado, antes y ahora, en Cuba y en el resto del planeta, que cuando a la economía se le priva de su autonomía, se subordina al voluntarismo y se ignoran sus leyes, la misma queda condenada al estancamiento y la involución. Por ello, entre la toma de conciencia, las declaraciones y la solución, se interpone la introducción de mecanismos de mercado, la autonomía de los productores, la elevación de los salarios en correspondencia con el costo de la vida y el derecho de los que hacen producir la tierra a poseerla en propiedad. Mecanismos sin los cuales es imposible la identificación, el arraigo, la cultura de pertenencia de los ciudadanos y el interés por los resultados productivos.

La no implementación de esas medidas, por razones ajenas a las necesidades de la población, ha conducido a un estado de desinterés generalizado y al aumento de la lucha, pues una gran parte de los ciudadanos, desposeídos e impedidos de recibir en dependencia de sus aportes y/o de ser propietarios, han optado por subsistir mediante ilegalidades, engaños, robos, mendicidad y apropiación de la propiedad estatal, con el consiguiente perjuicio productivo y el deterioro ético.

La injustificada demora en introducir los cambios estructurales que la agricultura demanda, explica el por qué la economía cubana, además de no haber recuperado el nivel que tenía antes de 1989, tiene que comprar azúcar en el mercado exterior, pues la otrora potente industria azucarera produce ahora menos que hace un siglo atrás.

En ese estado de deterioro, de indefinición y de crisis profunda, los fenómenos atmosféricos tropicales Fay, Hanna, Gustav e Ike, al dañar aproximadamente al 30% de los cultivos, empeoraron la insostenible situación existente, pero no constituyen la verdadera y principal causa del actual desabastecimiento agropecuario; el cual radica, antes y ahora, en el sostenimiento de un modelo irracional e improductivo.

Es cierto que a lo largo de nuestra historia, ningún gobierno –con independencia de que el actual sea corresponsable de lo que sucede– enfrentó condiciones tan difíciles como las actuales: incapacidad económica, insuficiencia de los salarios, indisciplina laboral, desinterés de los trabajadores, desesperanza generalizada y creciente deterioro ético. Precisamente por esas razones la voluntad para emprender los cambios tenía que imponerse por sobre cualquier razón política, ideológica, o de otro orden.

Con décadas de atraso y en medio de los efectos de los huracanes se pusieron en vigor el Decreto Ley 259 y el Decreto 282 para la entrega de tierras ociosas en usufructo. Dos instrumentos legales que padecen del mismo defecto de la política anterior. Resulta que a la vez que se reconoce la incapacidad del Estado para hacer producir la tierra –en los últimos nueve años el área cultivable se redujo en una tercera parte–, la nueva legislación impide que los productores, capaces de hacerla producir, puedan ser propietarios; mientras el Estado, responsable de la insuficiencia productiva, conserva el derecho a la propiedad.

Las otras medidas consisten en los ya conocidos controles, precios impuestos al margen del mercado, inspecciones y decomisos contra productores y vendedores. Medidas que pueden lograr otros objetivos, menos el que necesita nuestra agricultura que es precisamente la autonomía, las libertades y los derechos de los trabajadores del campo.

Como la causa de la insuficiencia agropecuaria radica en las razones señaladas, la anunciada recuperación, de tener éxito, podría hacer regresar al país hasta el momento en que se encontraba antes del paso de los últimos huracanes, es decir hasta la insuficiencia productiva, pero no a producir lo necesario para satisfacer las demandas de los cubanos y a reducir los precios de los productos del agro.

Lo anterior demuestra que tanto el conocimiento de las causas como de la necesidad de los cambios, si no se acompañan con la correspondiente voluntad política para su ejecución, todo queda en declaraciones. Faltó y sigue faltando lo principal, la democratización de las relaciones económicas y el fomento de los espacios, derechos y libertades para que, paralelos al Estado, los productores puedan participar como sujetos interesados en los resultados de la gestión económica.