El Blog de Dimas

Los recientes fenómenos atmosféricos que azotaron a Cuba, aunque  agudizaron el desabastecimiento de productos agrícolas no constituyen la causa de ese fenómeno. La misma radica en la prolongada y profunda crisis en que se encuentra inmersa la sociedad cubana.

La toma de conciencia por parte de las autoridades, acerca de la insuficiencia en la producción agropecuaria, quedó manifestada el 26 de julio de 2007 en Camaguey cuando el General de Ejército Raúl Castro planteó la imperiosa necesidad de producir aquí –donde sobra tierra y las lluvias de los dos últimos años han sido generosas– los alimentos que se compran en el mercado internacional a precios crecientes. Luego, durante la clausura del VI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en abril de 2008, calificó la producción de alimentos como asunto de máxima seguridad nacional; y el 11 de julio, al volver sobre el tema, expresó enfáticamente: ¡Hay que virarse para la tierra! ¡Hay que hacerla producir!

Mucho antes de los recientes huracanes se conocía que aproximadamente la mitad de las tierras del país permanecían ociosas, muchas de ellas infectadas por el marabú; y que los campesinos privados y las cooperativas, con sólo el 35% de las tierras cultivables, aportaban más del 60% de los productos del campo. La comprensión de tan crítica situación –no atribuible al enemigo externo– quedó condensada en una expresión que creó expectativas y esperanzas en muchos cubanos: introducir los cambios estructurales y de conceptos que resulten necesarios.

Del dicho al hecho hay un gran trecho, dice uno de esos refranes cargados de sabiduría popular. Está fehacientemente demostrado, antes y ahora, en Cuba y en el resto del planeta, que cuando a la economía se le priva de su autonomía, se subordina al voluntarismo y se ignoran sus leyes, la misma queda condenada al estancamiento y la involución. Por ello, entre la toma de conciencia, las declaraciones y la solución, se interpone la introducción de mecanismos de mercado, la autonomía de los productores, la elevación de los salarios en correspondencia con el costo de la vida y el derecho de los que hacen producir la tierra a poseerla en propiedad. Mecanismos sin los cuales es imposible la identificación, el arraigo, la cultura de pertenencia de los ciudadanos y el interés por los resultados productivos.

La no implementación de esas medidas, por razones ajenas a las necesidades de la población, ha conducido a un estado de desinterés generalizado y al aumento de la lucha, pues una gran parte de los ciudadanos, desposeídos e impedidos de recibir en dependencia de sus aportes y/o de ser propietarios, han optado por subsistir mediante ilegalidades, engaños, robos, mendicidad y apropiación de la propiedad estatal, con el consiguiente perjuicio productivo y el deterioro ético.

La injustificada demora en introducir los cambios estructurales que la agricultura demanda, explica el por qué la economía cubana, además de no haber recuperado el nivel que tenía antes de 1989, tiene que comprar azúcar en el mercado exterior, pues la otrora potente industria azucarera produce ahora menos que hace un siglo atrás.

En ese estado de deterioro, de indefinición y de crisis profunda, los fenómenos atmosféricos tropicales Fay, Hanna, Gustav e Ike, al dañar aproximadamente al 30% de los cultivos, empeoraron la insostenible situación existente, pero no constituyen la verdadera y principal causa del actual desabastecimiento agropecuario; el cual radica, antes y ahora, en el sostenimiento de un modelo irracional e improductivo.

Es cierto que a lo largo de nuestra historia, ningún gobierno –con independencia de que el actual sea corresponsable de lo que sucede– enfrentó condiciones tan difíciles como las actuales: incapacidad económica, insuficiencia de los salarios, indisciplina laboral, desinterés de los trabajadores, desesperanza generalizada y creciente deterioro ético. Precisamente por esas razones la voluntad para emprender los cambios tenía que imponerse por sobre cualquier razón política, ideológica, o de otro orden.

Con décadas de atraso y en medio de los efectos de los huracanes se pusieron en vigor el Decreto Ley 259 y el Decreto 282 para la entrega de tierras ociosas en usufructo. Dos instrumentos legales que padecen del mismo defecto de la política anterior. Resulta que a la vez que se reconoce la incapacidad del Estado para hacer producir la tierra –en los últimos nueve años el área cultivable se redujo en una tercera parte–, la nueva legislación impide que los productores, capaces de hacerla producir, puedan ser propietarios; mientras el Estado, responsable de la insuficiencia productiva, conserva el derecho a la propiedad.

Las otras medidas consisten en los ya conocidos controles, precios impuestos al margen del mercado, inspecciones y decomisos contra productores y vendedores. Medidas que pueden lograr otros objetivos, menos el que necesita nuestra agricultura que es precisamente la autonomía, las libertades y los derechos de los trabajadores del campo.

Como la causa de la insuficiencia agropecuaria radica en las razones señaladas, la anunciada recuperación, de tener éxito, podría hacer regresar al país hasta el momento en que se encontraba antes del paso de los últimos huracanes, es decir hasta la insuficiencia productiva, pero no a producir lo necesario para satisfacer las demandas de los cubanos y a reducir los precios de los productos del agro.

Lo anterior demuestra que tanto el conocimiento de las causas como de la necesidad de los cambios, si no se acompañan con la correspondiente voluntad política para su ejecución, todo queda en declaraciones. Faltó y sigue faltando lo principal, la democratización de las relaciones económicas y el fomento de los espacios, derechos y libertades para que, paralelos al Estado, los productores puedan participar como sujetos interesados en los resultados de la gestión económica.

Según datos preliminares la tormenta tropical Fay, y los huracanes Hanna, Gustav e Ike, derribaron o dañaron más de 500 mil viviendas, una de las mayores carencias de los cubanos. En cualquier análisis de esa tragedia de origen natural tiene que incluirse, obligatoriamente, la influencia de otros factores de orden social.

El problema habitacional antes de 1959

El déficit habitacional no lo creó la revolución. En la República, de 1902 a 1959, el Estado participó muy poco en la construcción directa de viviendas. La mayor responsabilidad recayó en los ciudadanos y en las empresas constructoras. La participación popular, aunque con determinadas limitaciones, era posible porque los precios tanto de las viviendas construidas como de los materiales para su construcción no superaban la relación costo-ingreso. Por ejemplo, en 1949 el costo de una vivienda de mampostería, placa, piso de mosaicos o de terrazo, con 2 cuartos, baño intercalado, sala, comedor, cocina, portal y patio alrededor, como las que -mediante la lotería nacional- sorteaba entre sus suscriptores la Revista Resumen, estaban evaluadas en 4 mil pesos.

En la década del 50 del pasado siglo –exceptuando algunas zonas de la capital del país– con 5-6 mil pesos se podía adquirir o construir, incluyendo el precio del solar, una vivienda con las características antes descritas. En pueblos como Bayamo o Guira de Melena, si la vivienda era de madera, techo de tejas, piso de cemento, 1 baño y 1 cuarto se podía alcanzar hasta con 1000 pesos. Con esos precios un trabajador que contara con un ingreso mensual entre 80 y 100 pesos, podía obtener una casa de madera aproximadamente con el salario de un año, y con el de seis años, una de mampostería. Hasta esa fecha, sin desconocer las carencias y dificultades de la época, el trabajador que decidía construir un inmueble contaba con diversas opciones de arrendamiento, compra y construcción. Las familias tenían la posibilidad de arrendar un apartamento, que en dependencia de la calidad, lugar de ubicación y tamaño, podían pagar con el 10% del salario (en algunos lugares de la capital y otras grandes ciudades podía ser mayor). Por ejemplo mis padres (tabaquero él y conserje de escuela ella) alquilaron en 1940 una casa pequeña en el municipio de Jiguaní, mi lugar de nacimiento; luego, alquilaron otra de mampostería en el centro del pueblo. En 1949 se trasladaron a la ciudad de Bayamo, donde compraron por 800 pesos una casa de madera, techo de zinc, dos cuartos, sala, comedor y un pequeño patio; luego rentaron otra, cerca del centro de la ciudad, por 20 pesos mensuales y a su vez, alquilaron la suya por 12 pesos.

También se podía construir mediante las instituciones crediticias para inmuebles. Por ejemplo Previsora Latinoamericana, con la garantía de que el interesado tuviera un salario de unos 100 pesos, brindaba el préstamo correspondiente para ser amortizado en un número de años, con un 20% de interés. Algunas como la FHA, que realizaba las operaciones bancarias con el Banco Pujol, construía viviendas para trabajadores y clase media en repartos residenciales como Fontanar, Alta Habana y Aldabó, a precios que dependían de las medidas y comodidades del inmueble. Otras muchas como Alfa, Compañía de Capitalización y Fomento, S.A. y la Compañía de Capitalización y Ahorro, S.A. hacían las mismas funciones con diferentes facilidades. Los que tenían mayor solvencia procedían directamente a la compra.

De tal forma que el Estado, con algunas excepciones, no participaba directamente en la construcción de viviendas, al punto de no existir una institución estatal especializada para esos fines. La solución del déficit debió enfrentarse después de 1959 mediante el perfeccionamiento de los mecanismos ya existentes y probados; no mediante su eliminación y sustitución por el Estado omnipotente, como se procedió.

El problema habitacional después de 1959

Desde el Estado, se crearon instituciones para la vivienda y se procedió a la “solución” del problema. En enero de 1959 se creó el Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda para emplear los fondos de la Lotería Nacional en la solución del mal; el 6 de marzo Fidel Castro planteó eximir de impuestos durante 10 años a todo el que construya una casa para vivirla él; cuatro días después se dictó la Ley sobre la rebaja de alquileres, para favorecer a los sectores de menores ingresos y en abril se aprobaba la Ley 218 sobre la venta forzada de solares yermos. En 1960 se creó la Dirección de Viviendas Campesinas para la construcción en zonas rurales y se aprobó la Ley de Reforma Urbana donde se reconocía la posesión de la vivienda como derecho imprescindible e inalienable del ser humano. También se procedió a la elaboración de planes constructivos. Desde esa voluntad estatal, instituciones e instrumentos legales, comenzó lo que en el argot revolucionario se designó como “batalla por la vivienda”, cuyo fin era satisfacer un crecimiento demográfico que demandaba decenas de miles de viviendas anuales.

El primer plan (1960-1970) consistió en la construcción de 32 mil apartamentos anuales, pero el promedio alcanzado no rebasó las 11 mil. La incapacidad estatal para enfrentar por sí sólo el complejo problema, condujo a la idea de la “participación popular”. Con ese fin se decidió involucrar a los ciudadanos necesitados. En 1971 se crearon las microbrigadas –pequeñas unidades integradas por 33 trabajadores de  empresas estatales, que pasaban permanentemente a construir un edificio y seguían cobrando sus salarios por el centro de trabajo–. Las viviendas terminadas, propiedad del Estado, se entregaban en usufructo a los seleccionados de acuerdo a sus méritos y necesidades. Con ese concepto se emprendió el segundo plan (1971-1980), elevado ahora a 38 mil viviendas por año, sin embargo, el promedio alcanzado no superó las 17 mil.

Ante el fracaso, el creciente déficit y el crecimiento de la población, se elaboró el tercer plan para construir 100 mil viviendas anuales a partir de 1981, pero la tozuda realidad no permitió sobrepasar la cifra de algo más de 40 mil por año. Posteriormente, a partir de 1995, momento en que se logró edificar más de 40 mil, la cifra comenzó a descender año por año hasta que en el 2005 se llegó al punto más bajo: 7 300 casas en los primeros siete meses.
 
En ese momento crítico se anunció el cuarto plan. Un informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Consejo de Ministros a la Asamblea Nacional del Poder Popular, anunciaba que, debido al “mejoramiento de las posibilidades financieras del país” se iban a “construir y terminar no menos de 100 mil viviendas nuevas por año a partir del 2006” (segundo plan de 100 mil) y el concepto de la microbrigrada fue sustituido por el trabajo de la familia que habitaría el inmueble. Así, el precepto legal de que no haya familia sin una vivienda se sustituyó, al margen y contrario a la ley, por un principio ideológico y excluyente: aunque se trate de una familia sin vivienda, se requiere de una “destacada conducta social y revolucionaria”.

Como consecuencia de esa definición, las personas que no asistían a las marchas combatientes, aunque fueran honestas, trabajadoras y modelo de familia, al no calificar como revolucionarias, quedan excluidas del maravilloso plan. Resulta que los sectores más marginados, entre los que se encuentran una mayoría de negros, que por su condición social no son los más propensos a participar en las actividades que dan el crédito de “revolucionarios”, lo que al aumentar su marginalidad, se reproduce el pernicioso ciclo de discriminación que se originó en la colonia.

De todas formas el “novedoso” plan se volvió a incumplir en el 2006. Entonces las autoridades optaron por una forma más “viable”: bajar la altura de la varilla. Así la ansiada meta de100 mil se redujo a algo más de 70 mil para el año 2007, el cual también fue incumplido, por lo que se decidió hacerlo “más viable todavía” y para el 2008 se bajó otra vez la varilla hasta 50 mil; plan que amenazaba una vez más con incumplirse; pues el 31 de mayo de ese año, en la segunda jornada de trabajo de la Comisión de Industria y las Construcciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Víctor Ramírez Ruiz, presidente del Instituto Nacional de la Vivienda, explicó que en los primeros cuatro meses se terminaron 13 981 viviendas, que representaban el 28 por ciento del total que deberá ejecutarse.

En esa desfavorable situación, Fay, Hanna, Gustav e Ike, al dañar más de 500 mil viviendas, han dejado a miles de familias ante un Estado que ya no tiene respuesta para esa magnitud de la tragedia. Como Cuba está afectada por una crisis estructural, el daño en la vivienda, como elemento del sistema, afectará a toda la estructura. Eso se está reflejando en ausencias al trabajo, en mayor desesperanza, en manifestaciones de inconformidad y en un mayor descreimiento, todo lo cual profundizará la crisis existente.

¿Por qué fracasaron los planes constructivos?

Antes de la revolución el déficit acumulado tenía entre sus causas la cantidad de familias con ingresos bajos y la poca participación directa del Estado en la construcción de viviendas. Después de la revolución, el fracaso del primer plan se debió a la incapacidad estatal para enfrentar por sí sólo el complejo problema habitacional. El segundo y tercer planes, se debieron a la falta de autonomía de los ciudadanos, lo cual no pudo suplirse con las microbrigadas controladas por el Estado. El del cuarto plan –segundo de 100 mil viviendas– por dedicarse los constructores profesionales a las obras priorizadas de la Batalla de Ideas y descargar la responsabilidad principal de la construcción en la familia, desposeída de derechos, de libertades, de medios, de mercados de materiales de construcción a precios asequibles y de los hábitos de responsabilidad, perdidos por la excesiva tutoría estatal.

Algunos resultados de la crisis habitacional

El problema de la vivienda –en una sociedad donde el trabajo dejó de ser la fuente principal de ingresos y la conducta moral quedó atrapada por la sobrevivencia– encontró una salida en las ocupaciones y construcciones de viviendas no autorizadas. Desde ese momento se desaceleró el ritmo constructivo y el énfasis estatal giró desde la preocupación por construir a la promulgación de leyes y regulaciones para controlar el creciente desorden.

En diciembre de 1984 se promulgó la ley 48 “Ley General de la Vivienda”, que autorizó la “transferencia de la propiedad” a la cubana, es decir, propiedad sin derecho, pues ninguno de los supuestos propietarios puede vender, arrendar, permutar, traspasar, o alojar en su inmueble libremente a quien considere, lo que influye en el descuido y el deterioro de los inmuebles. En 1988 se aprobó la ley vigente, encaminada a reordenar las regulaciones anteriores para “propiciar la solución del déficit habitacional” y fortalecer el control estatal sobre las operaciones alrededor de la vivienda. En diciembre de 1995 se creó una nueva institución para controlar el desenfreno: el Grupo Nacional, integrado, entre otros organismos, por los institutos de la Vivienda y de Planificación Física y los ministerios de Justicia y del Interior. Sin embargo, ninguna de esas medidas pudo resolver las ilegalidades. En julio del 2000 se aprobó el Decreto-ley 211 que prevé inspecciones físicas a los inmuebles y que exige una imprescindible autorización institucional para permutar, y autoriza a funcionarios estatales para determinar sobre la propiedad de la persona, menoscabando así el derecho de propiedad reconocido en las leyes anteriores. Luego, en febrero del 2001, se aprobó otro Decreto ley para el control de las contravenciones. De acuerdo a esta última medida el Instituto de la Vivienda no sólo monopoliza, sino que elimina definitivamente la compraventa entre particulares y otorga a las entidades municipales de la Vivienda el derecho de confiscación. En fin, control y represión, pero no solución al problema de la vivienda.

Este breve recuento de las medidas legales referidas al complejo problema de la vivienda en los últimos 42 años marca un camino fracasado que va del intento de suplir el déficit habitacional de antes de 1959 hasta el férreo control estatal sobre la ciudadanía en todo lo relacionado con el problema habitacional. Un camino que ha conducido al avanzado deterioro del fondo habitacional por falta de mantenimiento; a los continuos derrumbes parciales y totales, sobre todo en épocas de lluvias y huracanes; al renacimiento y crecimiento de los barrios marginales, a la construcción de inmuebles sin condiciones para vivir decorosamente y sin calidad para resistir los fenómenos naturales que nos azotan cada año. Ello ha conformado un cuadro que se ha venido agudizando en el tiempo, generalizándose en el espacio y devenido tragedia nacional con el efecto de los últimos eventos atmosféricos, lo que ha confirmado la imposibilidad de que el Estado pueda en ningún país del mundo, mucho menos desde una concepción totalitaria, resolver el grave problema habitacional.

Factores para una posible solución

Es necesaria la realización de estudios multidisciplinarios que, junto a los factores físicos y económicos, abarquen los psicológicos, sociológicos y demográficos. Por la magnitud del problema y la cantidad de factores a integrar, –económicos, sociales, ambientales, arquitectónicos, urbanísticos, y sobre todo la participación activa de los ciudadanos– la vivienda necesita de un nuevo organismo rector con rango de ministerio. El Instituto de la Vivienda, el Ministerio de la Construcción o el Instituto de Planificación Física, se relacionan y complementan, pero no absorben toda su complejidad. A ese organismo central hay que agregar: un banco especializado; una industria de materiales; una política de precios y una de financiación, para la cual hay que explorar nuevas fuentes.

El Estado cubano, como cualquier otro, debe y tiene que participar en la solución de la vivienda, Su función, en este sentido, sigue siendo determinante, que no es lo mismo que excluyente. Con su participación, mediante el control, los créditos bancarios, la venta de materiales de construcción y la permisibilidad para la creación de pequeñas empresas constructoras –privadas o cooperativas– habría desatado una fuerza autónoma y paralela al Estado en la construcción de inmuebles y habría creado una nueva e importante fuente de trabajo. Se ignoró que las viviendas la empezaron a construir los hombres y sus familias antes del surgimiento del Estado.

Al menos cuatro razones justifican y exigen la presencia estatal: 1- Porque la vivienda satisface una necesidad básica pero es muy onerosa, requiere por ello de un largo período de construcción y por tanto de fuentes de financiamiento; 2- Porque hay componentes de la construcción como el cemento y la madera, por sólo citar dos, que dependen de grandes empresas bajo su control; 3- Porque se necesitan grandes mercados abastecedores de materiales constructivos; y 4- Porque no se puede permitir libremente la construcción. La edificación y el urbanismo exigen normas tecnológicas de habitabilidad, de diseño urbano, de sistemas sanitarios, energéticos, viales y de comunicación, entre otros.

A su vez, la participación ciudadana se fundamenta en el enfoque humanista que sitúa la vivienda como una necesidad básica subordinada a un fin, que es el hombre. Para ello lo primero es situar al ser humano en primer plano, definir la función social de la vivienda, e instituir los derechos y los espacios para su participación, al margen de criterios políticos, ideológicos o de cualquier otro tipo, a través de pequeñas y medianas empresas privadas o cooperativas de producción de materiales de construcción, como son los bloques de hormigón o los ladrillos, la reparación, la venta de materiales, y en todo el proceso que va desde las inversiones hasta la mano de obra de los necesitados.

Ni el Estado sólo, ni la sociedad sin el apoyo estatal. De lo contrario, como ha sucedido en Cuba, el Estado, omnipotente, lo promueve todo y con ello paraliza las potencialidades ciudadanas al atar las capacidades del pueblo, lo que constituye un crimen contranatura y conduce al desastre en el que estamos inmersos. Cuba demanda una nueva política habitacional cuyo eje central debe ser la combinación armónica entre justicia social, intereses individuales y sociales, libertad y posibilidad de participación; en fin, Estado y Sociedad conjuntamente.

La Habana, 15 de septiembre de 2008
 

por Dimas Castellanos

Introducción

Resultado de un largo proceso de convergencia entre avance tecnológico y democratización de la información y las comunicaciones emergió en los países más desarrollados la sociedad de la información: última y más profunda etapa de la evolución social, caracterizada por la conversión de la información en materia prima obligada de toda actividad humana. En la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la sociedad de la información , se define la comunicación como un proceso social fundamental, una necesidad humana básica y el fundamento de toda organización social. Partiendo de esa tesis, el propósito de esta ponencia es demostrar que el surgimiento del periodismo ciudadano, como forma de comunicación, responde al volumen de información alcanzado y a las exigencias del desarrollo social en la época de la sociedad de la información.

A lo largo de la historia, el crecimiento del volumen de información que los seres humanos fueron adquiriendo de sí mismos y del medio natural, al alcanzar determinada medida entró una y otra vez en contradicción con las formas de comunicación existentes, hasta ser desplazadas éstas por nuevas formas, en correspondencia con el nivel alcanzado y con las exigencias de la actividad humana. Efecto de esa lucha entre forma y contenido de la información, la humanidad transitó desde las manifestaciones prelingüísticas, pasando por el lenguaje articulado, hasta la invención de la escritura, repercutiendo en constantes avances del conocimiento hasta el surgimiento de los  rudimentos científicos que, gracias a la imprenta y al libro impreso, confluyeron en el nacimiento de la ciencia moderna.

Una cadena de descubrimientos e invenciones, cada vez más complejos, fueron democratizando el uso de la información, otorgándole a ésta un progresivo carácter masivo y convirtiéndola en necesidad insoslayable para la actividad de millones de personas en todo el mundo.

Origen del periodismo

Aunque el periodismo, entendido como recogida, evaluación y transmisión de noticias surgió de forma casi paralela a la invención de la escritura, la primera publicación periodística conocida –el Acta Diurna, una hoja informativa que por orden de Julio César se colocaba diariamente en el Foro de la antigua ciudad de Roma– no apareció hasta el siglo I a.C.; mientras el primer periódico impreso, con bloques de madera tallados no vio la luz en China hasta los siglos VII y VIII d.C. Luego, en el siglo XV, la reinvención de la imprenta en Europa con tipos metálicos móviles, permitió la distribución de noticias de forma más rápida y fácil, generando una red de informadores encargados de poner al tanto de los hechos más relevantes ocurridos. Así, en algunas ciudades de Europa comenzaron a venderse hojas informativas que informaban de los acontecimientos ocurridos en otros lugares. En Venecia, por ejemplo, se vendían notas informativas manuscritas al precio de una gazzetta , de donde procede la denominación genérica de las notas informativas en el resto del mundo y después, de los títulos de destacados periódicos. Con esos adelantos la prensa escrita comenzó a desempeñar un rol cada vez más decisivo en los procesos histórico-sociales.

La prensa escrita

La importancia y la ventaja de contar con información rápida de los hechos que ocurrían dentro y fuera de las fronteras no pasó desapercibido para los Estados, los cuales asumieron en muchos lugares el monopolio de la información periodística como factor de poder. Sin embargo, desde el inicio del siglo XVIII la demanda creciente de información para las múltiples actividades humanas requería de una mayor socialización, una exigencia de la práctica social que obligó a los Estados a ir levantando el monopolio establecido sobre los medios de comunicación escritos, para permitir que los particulares participaran en la edición de la prensa escrita de forma paralela al Estado. El Daily Courant de Inglaterra, primer periódico diario (1702), el francés Le Journal de París (1777), el estadounidense Pennsylvania Evening Post and Daily Advertiser (1783), el inglés The Times (1785);y en nuestra región la Gaceta de México (1722), la Gaceta de Lima (1743) y el Papel Periódico de La Habana (1790), son algunos ejemplos de lo anterior. La influencia ejercida por estos periódicos demostró a los políticos y a los Estados la importancia del periodismo impreso para moldear la opinión pública a su favor. Como resultado, se diversificaron cada vez más los medios de prensa escritos a la vez que tomaba fuerza la lucha por la libertad de prensa.

Vinculado con el dinamismo de la actividad humana en todas las esferas, el periodismo recibió la influencia de nuevos eventos de trascendencia entre los siglos XVIII y XIX. Destacan entre ellos: la Revolución Industrial, que iniciada en Inglaterra transformó la economía agrícola tradicional en producción mecanizada a gran escala; la Revolución Francesa, que echó los cimientos de la conciencia jurídica y la cultura política modernas; y la alfabetización en los países occidentales, que puso en capacidad de leer y escribir a millones de personas que devinieron consumidores de información. Esos y otros eventos, unidos a la disminución de los precios de los periódicos, gracias a la invención de técnicas como la del linotipo , permitieron aumentar las publicaciones y sus tiradas para las multitudes de las grandes ciudades. Joseph Pulitzer  y Randolph Hearst  en Estados Unidos ejemplifican la creación de publicaciones destinadas a ese amplio sector poblacional.

A partir del descubrimiento de la electricidad , invenciones como el telégrafo , junto a los tendidos de cable  y el teléfono , propiciaron no sólo el surgimiento de diarios que como el New York Times cubrían con eficacia las cuestiones más destacadas de la actualidad nacional e internacional; sino también el  nacimiento de asociaciones y agencias de prensa. Algunas de ellas, como la norteamericana Associated Press  y la inglesa Reuters , que continúan funcionando en la actualidad.

Del desarrollo de la prensa y de la libertad de expresión emergió el periodismo especializado en la investigación de aspectos de la realidad social, por lo que muchos escritores abandonaron la literatura para dedicarse por completo al periodismo de opinión. Desde mediados del siglo XIX aparecieron diarios que realizaban análisis exhaustivos de los sucesos del momento y de sus consecuencias. Ejemplos de ello fueron el inglés The Times, el español El Imparcial, y en América La Nación, de Buenos Aires y El Siglo, de Montevideo.

Junto a las nuevas tecnologías, el desarrollo del ferrocarril, la reducción del precio de la distribución postal, el crecimiento del número de industriales y comerciantes que necesitaban promocionar sus productos, entre otras razones, estimularon la creación y difusión de publicaciones de temas especializados con la utilización masiva de la ilustración y la fotografía, una técnica que alcanzó gran desarrollo desde mediados del siglo XIX. Así aparecieron en Alemania revistas ilustradas con enormes tiradas que se fueron extendiendo al resto del mundo. De igual forma la fotografía comenzó a utilizarse en la prensa diaria y en los suplementos dominicales. La prensa escrita alcanzaba en ese momento su punto más elevado.

La prensa audiovisual

A principios del siglo XX el creciente volumen de información y las exigencias de su inmediatez obligaron a la prensa escrita a buscar soluciones. Una de las respuestas fueron las ediciones matutina y vespertina. Sin embargo, primero la masificación del cine  –fotografía en movimiento– y luego la invención de la radio  permitieron el tratamiento instantáneo y continuo de las noticias, dando origen a los diarios hablados, los cuales superaron con creces a las ediciones de la mañana y la tarde de la prensa escrita. La importancia de la radio se acrecentó durante la II Guerra Mundial, al llevar a los hogares las noticias, casi de forma instantánea, a millones de radio oyentes en todas partes del mundo. Gracias al cine y a la radio, el periodismo audiovisual asumió una función cada vez más social y miles de nuevos periodistas se incorporaron a la difusión de información, desplazando a la prensa escrita de su lugar cimero. Ese fenómeno se produjo nuevamente a mediados de siglo XX con la aparición de la televisión , la cual unió, a las ventajas de la radio y el cine, el poder de la imagen que era exclusividad de la prensa escrita, con la ventaja que su consumo se podía hacer sin salir del hogar.

Las autopistas de la información

La presión de las necesidades crecientes de información sobre las formas de comunicación condujo en el siglo XX al surgimiento de las novísimas tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), especialmente en el campo de la tecnología de los ordenadores desde la aparición de las computadoras digitales en la década de 1940, con las que, mediante la utilización de las redes informáticas y los dispositivos auxiliares, el usuario de un ordenador puede transmitir datos con gran rapidez. Estas tecnologías permiten: que los espectadores asistan en directo a acontecimientos que están teniendo lugar en otras partes del planeta; que los periodistas consulten casi instantáneamente enormes cantidades de información; y que los diarios electrónicos puedan llegar directamente a los terminales de los usuarios sin necesidad de imprentas, transportes o vendedores de prensa. Un ejemplo de lo anterior es la cadena estadounidense Cable News Network (CNN) que emite noticias y reportajes informativos por cable y por satélite las 24 horas del día a todo el mundo.

Con las TICs el periodismo se montó en las autopistas de la información. Muchos periódicos cuentan con una página web. De forma paralela, debido al relativo bajo costo de las comunicaciones y de los ordenadores, el monopolio de las grandes empresas informativas, privadas o estatales, tienen que enfrentar una competencia por parte de grupos, facciones, instituciones, partidos políticos y particulares que ratifican, corrigen, complementan o contradicen sus puntos de vista. Es en ese contexto de democratización de la información que emerge la última forma conocida de prensa: el periodismo ciudadano.

El periodismo ciudadano

El periodismo ciudadano, una nueva etapa de la prensa, nace del perfeccionamiento de las formas de comunicación, que se corresponde con las necesidades de la sociedad de la información, caracterizada por el empleo masivo de las TICs y por la  participación ciudadana (no profesionales) en la producción e intercambio de información sin tener que someterse al Estado, a las instituciones o a las políticas editoriales. Es, por tanto, una nueva forma que asume el periodismo en la sociedad de la información.

Al contener y permitir la realización de otros derechos y libertades, constituye la última y más desarrollada forma de libertad y una valiosa herramienta para promover la participación. La libertad de prensa, la más perfecta de las libertades, asume con el periodismo ciudadano su más alta cota conocida en el desarrollo humano; mientras su ejercicio constituye una expresión de dignidad y de libertad de opinión en el ciberespacio.

Por las razones anteriores el periodismo ciudadano coadyuva a que las personas y la sociedad civil puedan desempeñar el rol de sujetos activos en los procesos sociales y constituye fuerte antídoto contra todo intento totalitario de anular la individualidad.

En Cuba, la represión contra los intentos ciudadanos de hacer uso de la libertad de prensa  cuenta con una historia que va desde la ejecución del joven tipógrafo Eduardo Faccioso, en plena época colonial, hasta las presiones e impedimentos técnicos actuales para que los ciudadanos no puedan acceder a Internet libremente como productores o consumidores de información. Sin embargo, como esta forma de periodismo se realiza desde el ciberespacio, donde el control es imposible en la sociedad de la información, las disímiles formas de represión se tornan inútiles en ese intento.

Conclusiones

El periodismo ciudadano, resultado lógico del desarrollo, constituye una etapa de la evolución del periodismo que se corresponde con las posibilidades tecnológicas, con las necesidades de la práctica social, con el proceso de democratización de la comunicación y  con el gigantesco volumen de información correspondiente a la etapa conocida como sociedad de la información.

Por su carácter democrático y participativo, al propiciar y potenciar la socialización de las ideas, deviene instrumento decisivo para la  participación ciudadana y una insoslayable necesidad del desarrollo social e individual en cualquier parte del mundo.

Con el periodismo ciudadano no desaparecerán sus formas precedentes. La historia de la comunicación demuestra que las nuevas formas, emergidas de las anteriores, constituyen un salto respecto a ellas, las contienen y las superan, pero no las eliminan, sino que conviven en una nueva interrelación. Eso explica que actualmente, paralelo a las autopistas de la información, coexistan la televisión, la radio, el cine, los  periódicos, los libros, las revistas  y convivirán con las nuevas formas de periodismo que seguramente surgirán antes de lo que podemos imaginar.

Por Dimas Castellanos

Culminada la Guerra Grande sin lograr la independencia de España ni la abolición de la esclavitud, la implementación del primer artículo del Pacto del Zanjón puso en vigor un conjunto de leyes similares a las existentes en Puerto Rico. Gracias a esas medidas las libertades de prensa, de asociación y de reunión, entre otras, permitieron el surgimiento de diversas publicaciones, organizaciones e instituciones que generaron un debate público acerca de los problemas de la Isla, lo que sentó los cimientos para el reinicio de la lucha por la independencia en 1895.

En ese contexto de permisibilidad, Juan Gualberto Gómez inició y ganó un proceso jurídico contra las autoridades coloniales, gracias al cual los cubanos podían sostener y discutir públicamente las ideas independentistas, con la condición de que no se incitara a la rebelión. Baste mencionar la Revista Cubana, dirigida por Enrique José Varona, donde Juan Gualberto, desde la sección “Crónica política,” sostuvo durante dos años una viva discusión acerca de los sucesos de actualidad. Posteriormente, durante la República, se multiplicaron los medios de comunicación. En 1930 las emisoras radiales alcanzaban la cifra de 61, una cantidad proporcionalmente superior a las de Nueva York; mientras los radioaficionados construyeron infinidad de pequeñas emisoras para trasmitir programas alternos. Esos datos ubicaron a Cuba en cuarto lugar en estaciones de radio, después de Estados Unidos, Canadá y Rusia. Y en octubre de 1950, casi inmediatamente después de los Estados Unidos, se inauguró en Cuba Unión Radio Televisión Canal 4, –la tercera planta televisiva de América Latina–, seguida ese mismo año del canal 6.

Así, de forma intermitente, desde la colonia hasta la República, el debate de ideas en tertulias, asociaciones, instituciones y en la prensa –escrita, radial y televisiva–, alcanzó una magnitud tal que hace imposible explicar ningún acontecimiento de nuestra historia política sin tener presente el papel del debate de ideas y de la libertad de prensa. Una prueba de ello la brindó el Dr. Fidel Castro en su alegato La historia me absolverá, cuando expresó:

“Os voy a referir una historia. Había una vez una república. Tenía su constitución, sus leyes, sus libertades; Presidente, Congreso, tribunales; todo el mundo podía reunirse, asociarse, hablar y escribir con entera libertad. El gobierno no satisfacía al pueblo, pero el pueblo podía cambiarlo… Existía una opinión pública respetada y acatada y todos los problemas de interés colectivo eran discutidos libremente. Había partidos políticos, horas doctrinales de radio, programas polémicos de televisión, actos públicos…”.
 
Con esos antecedentes cualquier acción encaminada a eliminar el debate público en Cuba es un acto contra la historia, contra el desarrollo del país y contra la dignidad de sus ciudadanos. Por tanto, todos los cubanos, intelectuales o no, revolucionarios o no; tienen el derecho de pensar, expresar y difundir libremente sus ideas, es decir, de participar como sujetos activos en los problemas que atañen a su nación.

Ninguna razón coyuntural ni ningún conflicto exterior, como es el caso del diferendo entre el gobierno de Cuba y de los Estados Unidos, puede usarse como argumento para descalificar la institución del debate público por la sencilla razón de que ninguna sociedad puede hacerlo sin neutralizar las fuerzas imprescindibles para el cambio y por tanto, sin conducir la sociedad al estancamiento. Tratar de hacer creer que toda idea nueva o diferente proviene del imperialismo es un acto de ofensa a la inteligencia y al alto nivel cultural y profesional alcanzado por los cubanos. Se trata sencillamente, parafraseando a Pedro Luís Ferrer, de un intento infructuoso y extremadamente perjudicial de construir un paraíso perfecto con una sola verdad y un único pensamiento.

Si los cubanos recibieron con grandes esperanzas el reconocimiento del actual Presidente del Consejo de Estado de Cuba acerca de que, del intercambio profundo de opiniones divergentes salen las mejores soluciones; esos mismos cubanos reciben ahora como un cubo de agua fría el intento de deslegitimar el debate, impedir el acceso de los cubanos a sitios Web donde se emiten criterios diferentes a los del gobierno y calificar cualquier pensamiento diverso como intento del imperialismo “para mover las aguas de su molino”, cuando en realidad son manifestaciones dirigidas a mover las aguas frescas de nuestro país que, por ausencia del debate de ideas, están estancadas. Es doloroso y triste para un pueblo tener que añorar las menguadas libertades –hoy desaparecidas– que se alcanzaron hace más de un siglo.

La Habana, 22 de junio de 2008
 

Debido al acelerado aumento de los precios de los productos del agro y la improductividad de ese sector en Cuba, el Presidente del Consejo de Estado calificó la producción agrícola como asunto de máxima seguridad nacional. En respuesta se han creado en todo el país las delegaciones municipales de la Agricultura.

Un artículo titulado ¿La espada alejandrina del campo criollo?, aparecido en Juventud Rebelde el 1 de junio de 2008 dice que: “Mientras seguimos con preocupaciones las continuas alzas del precio de los alimentos a escala mundial, en los campos cubanos se busca desatar los nudos que han amarrado sus producciones”. Sin embargo el artículo apunta más al aumento de los controles que a la liberalización de los nudos existentes.

La delegada de Güira de Melena declaró que cuentan con especialista integrales “para cuando hagamos un control estatal puedan verificar e inspeccionar las distintas áreas”. En este municipio se comenzó a asignar a los productores todo el combustible que necesitan. Ahora, según la delegada “tenemos la obligación de ver si ese agricultor está empleando el petróleo en lo que realmente debe utilizarlo”. 2- El delegado de Guantánamo dice que ahora cuenta con una estructura idónea para acercarse a la base y “ejercer el control donde antes no podía hacerse. Según el Subdelegado de ese mismo municipio, las delegaciones están bien concebidas pero hay que dotarlas de los recursos mínimos imprescindibles –transporte y combustible– para llegar al campo, “de lo contrario nos desgastaremos en llevar y pedir informes sin una verdadera identificación con los problemas”. En Guantánamo –dice el artículo– “se requiere que la delegación ejerza control y fiscalización sobre los mecanismos del sistema empresarial de la Agricultura, que revise su funcionamiento desde que inicia la cosecha hasta el destino de esas producciones”. 3- El Delegado de Ciego de Ávila plantea que el “compromiso de que la empresa le otorgue al campesino los recursos mediante contrato, y que las producciones se controlen mediante los insumos asignados, es muy importante”.

Situar la toma de decisiones más cerca de la base productiva es sin dudas positivo, pues le brinda más agilidad en la solución de los trámites, mayor eficacia productiva y promueve el desarrollo de la iniciativa local. Sin embargo, los excesivos controles desde el Estado papá a los productores niños actúa en dirección contraria a esas ventajas. Entregarle combustible y transporte a se inicia la siembra hasta que la comercialización de los productos; entregar petróleo para después tener que controlar en qué y cuánto se gasta; significa que los productores siguen siendo objetos pasivos sin capacidad para decidir, mientras el Estado mantiene, ahora más cerca de la base, una estructura supervisora que constituye el verdadero sujeto de la toma de decisiones. Así, los nudos, en vez de desatarse, se están corriendo hacia la base, lo que obstaculizará el propósito de aumentar la producción de alimentos, pues la causa principal de la crisis de la agricultura cubana: la falta de autonomía, de libertad y de derechos de los productores, continúa.

La experiencia de la ola de inspectores en los últimos años ha demostrado su fracaso. Ni cambios frecuentes de los inspectores de los lugares que visitan, ni la supervisión y depuración sistemática de los mismos, ni la formación de más y más inspectores simples o integrales, ni la creación de cuerpos de inspectores para inspeccionar a otros inspectores ha repercutido en la eficiencia productiva; al contrario, medio del desequilibrio existente entre el salario y el costo de la vida muchos de nuestros fiscalizadores convirtieron las inspecciones en una vía fácil para mejorar su canasta familiar. La sociedad cubana, altamente calificada y emprendedora, no requiere de paternalidad sino de autonomía de los productores, de derecho de propiedad y salarios en correspondencia con el costo de la vida.

Si se quiere eficiencia en la producción de alimentos hay que proceder, cuanto antes, a la transformación de los ociosos latifundios estatales en grandes, pequeñas o medianas empresas e incentivar a sus dueños, privados o colectivos, con imposiciones fiscales bajas y flexibles. Recodemos aquella afirmación de José Martí: “El mejor ciudadano es el que cultiva una extensión mayor de tierra”; pero por supuesto, primero tiene que poseerla. Ahí debería radicar la principal función de la nueva institución agrícola.

La Habana, 7 de junio de 2008

Por Dimas Castellanos

El pasado 28 de abril, en el discurso de clausura del VI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el Presidente del Consejo de Estado declaró que: “La producción de alimentos debe constituir una tarea principal para los dirigentes del Partido”, tarea que calificó como “asunto de máxima seguridad nacional”.

A lo largo de nuestra historia ningún gobierno enfrentó un propósito de esa magnitud en tan difíciles condiciones: incapacidad económica, insuficiencia de los salarios, indisciplina laboral, desinterés de los trabajadores por el resultado productivo, desesperanza generalizada y creciente deterioro ético, en un contexto caracterizado por el aumento de los precios de los alimentos en el mercado internacional. Un resultado de un sistema político totalitario, basado en el voluntarismo y una economía prisionera de la ideología. Una prueba de ello consiste en que durante varios años, en vez de trabajar para sustituir importaciones, se dedicaron millones y millones de dólares para comprar alimentos en los Estados Unidos, una cifra que pudo emplearse para la conversión de nuestra agricultura en fuente de empleo y desarrollo sostenible.

Con independencia de que la producción de alimentos se considere “tarea principal para los dirigentes del Partido”, la realidad demanda transformaciones profundas en el sistema salarial y en la estructura de la propiedad agraria para poder promover el interés de los trabajadores, pues en el estado actual los cubanos no quieren trabajar por un salario ajeno al costo de la vida. 

En ese sentido es bueno tener presente dos razones: 1- Que el trabajo es tanto fuente de riqueza como de propiedad. La sensación de pertenencia que ejercen tanto el derecho que tiene cada persona sobre sí mismo como el instinto de apropiación sobre las cosas, es mucho menor que la sensación de propiedad que genera el trabajo sobre los productos creados, por la sencilla razón de que lo producido es resultado de las fuerzas físicas y espirituales del productor; y 2- Tal como el desarrollo individual y el social se condicionan mutuamente, la propiedad privada y la social se complementan, por lo que el problema no radica en la elección de una u otra forma de propiedad, sino en la capacidad y voluntad para determinar en cada época, lugar y condiciones, cuál o cuáles de las formas resultan más ventajosas. Ambas razones vinculan la institución de la propiedad con el interés productivo y la convierten en fundamento del orden social. 

Si se asume lo anterior, entonces el reto de

Dimas Castellanos

Al concluir el VI Pleno del Partido Comunista de Cuba (PCC), el pasado 28 de abril, Raúl Castro planteó la necesidad de “afianzar el papel del Partido como vanguardia organizada de la nación cubana”, para situarse en mejores condiciones ante los futuros retos; lo que indica que la decisión de cambiar todo lo que deba ser cambiado incluye al partido gobernante.

El propósito de afianzarse como “vanguardia organizada” puede significar que se permitirá la existencia de otros partidos políticos; o que el PCC permitirá la existencia de diversas tendencias dentro del mismo; o que continuará siendo como hasta ahora el único partido permitido, pero que en cualquiera de las tres variantes el PCC se afianzará como vanguardia. Sin embargo, en cualquiera de las variantes el PCC tendrá que tener en cuenta lo siguiente:

1- La relación entre dignidad humana y asociación. Dignidad significa que las personas actúen según lo que le dicte su conciencia interior, y si esa conciencia le dicta al ciudadano pertenecer a una agrupación política diferente al PCC, ninguna fuerza exterior podrá impedirlo sin actuar contra el derecho de libre asociación.

2- Las ideas y prácticas de la modernidad, emergidas en la Europa del siglo XVI y afianzadas con las revoluciones burguesas del siglo XVIII, al unir el ideario del humanismo y la justicia con los principios de la democracia y la soberanía del pueblo, echaron los cimientos de la conciencia jurídica y la cultura política modernas y que trascendieron los intereses de la burguesía para encarnarse como imperativos morales y jurídicos de toda la humanidad. Ideas y prácticas que se plasmaron tanto en la constitución mambisa de la Yaya como en las constituciones republicanas.

3- La exclusión política, un mal presente a lo largo de nuestra historia ha desconocido que los partidos políticos, en todos los lugares y épocas, se integran por una parte de la población, mientras la sociedad –el todo– antecede y rebasa a los partidos. Así ocurrió cuando las ideas de la independencia, ausentes en los partidos de la Cuba de fines del siglo XIX, condujo a José Martí a la fundación del Partido Revolucionario Cubano; cuando Diego Vicente Tejera, para representar los intereses de los trabajadores, ausentes en los partidos liberales y conservadores de la época, fundó en 1899 el Partido Socialista Cubano; o cuando Eduardo Chibás decidió, en 1948, fundar el Partido Ortodoxo porque el Auténtico no satisfacía a una parte de sus integrantes.

4- La ocurrencia de acontecimientos que demuestran la existencia de un sector de la ciudadanía inconforme con la situación del país que dirige el PCC: el éxodo masivo; las manifestaciones de agosto de 1994; la apatía ante los llamados a la eficiencia económica; y el aumento de las abstenciones, boletas invalidadas y el voto selectivo en los comicios de enero de 2008, entre otros.

5 El Pacto de Derechos Civiles y Políticos vigente desde 1976 y recientemente firmado por el gobierno cubano, reconoce en su artículo 22 el derecho de libre asociación, lo que implica que los ciudadanos cubanos podrán asociarse en un partido diferente al PCC, lo que obliga a poner la legislación cubana en correspondencia con el contenido del Pacto firmado o en su lugar, demostrar las razones para que un partido impida la existencia de otro.

6- Históricamente para implantar el monopartidismo, los regímenes totalitarios tuvieron que destruir violentamente los demás partidos políticos o reducirlos a la condición de organizaciones burocráticas subordinadas, dando lugar al modelo más perfecto y terminado de régimen totalitario, y con él, al estancamiento y al fracaso.

Por las razones anteriores, cuando un partido niega a priori la existencia de otros partidos se está negando a sí mismo. Por eso, el propósito de “afianzar el papel del Partido como vanguardia organizada de la nación cubana” tiene que acompañarse del derecho de asociación, para que entonces, en presencia de otros partidos y por la superioridad de sus ideas y proyectos, el comunista pueda demostrar que puede convertirse en esa vanguardia.

Para Martí, el Partido revolucionario Cubano tenía, como medio, un objetivo definido y acotado en el tiempo: aunar voluntades y dirigir la guerra para fundar la República, no para dominar y prohibir la existencia de partidos diferentes después del triunfo.

El próximo Congreso del PCC podría ser un buen momento para anunciar la eliminación, en nuestro texto constitucional, del artículo 5 que refrenda el papel dirigente del PCC, y en su lugar plasmar el reconocimiento del pluripartidismo como necesidad del desarrollo social. Con ello el PCC estaría dando un paso trascendental al crear las condiciones mínimas en que puedan trabajar cooperadamente todas las fuerzas dispuestas a participar en la solución de la actual crisis, en la renovación de la sociedad cubana y en la definición de su destino; si es que somos capaces de retomar el rumbo perdido de la doctrina martiana.

El 20 de mayo de 1902, día en que nació la República de Cuba, constituye un episodio de nuestra historia caracterizado por la contraposición entre las virtudes y defectos de nuestra cultura política. Una reflexión acerca de lo ocurrido en la Convención Constituyente que nos dotó de la primera Carta Magna republicana, permite ponderar lo ocurrido antes y después de la República y reevaluar las conductas de los que tomaron tal decisión.

Los delegados, encargados de analizar el apéndice constitucional que refrendaba el derecho de Estados Unidos a intervenir en Cuba, omitía la Isla de Pinos como parte del territorio nacional e imponía la venta o arrendamiento de tierras para bases navales, concluyeron con su aceptación. El hecho los colocó ante las dos opciones posibles: una, rechazar la Enmienda –que tenía fuerza de ley y se imponía en condiciones de ocupación militar–, sin el Ejército Libertador, sin el Partido Revolucionario Cubano, sin Estado ni gobierno propios y con un pueblo agotado y huérfano de instrumentos e instituciones civiles; otra, negociar y dar nacimiento no a la República deseada sino a la posible en aquellas circunstancias.

Los delegados, que no contaban más que con su dignidad y capacidad, lucharon hasta recibir el golpe definitivo: un informe firmado por el Secretario de la Guerra decía que, el Presidente “está obligado a ejecutarlo y ejecutarlo tal como es… no puede cambiarlo ni modificarlo, añadirle o quitarle”, como condición para cesar la ocupación militar. Ante tal coyuntura se optó por lo posible para desde ahí gestar la República soñada, pues ir a la guerra en las condiciones descritas era lo mismo que el suicidio de la naciente nación. El hecho quedó condensado en el testimonio de José N. Ferrer, uno de los delegados a la Constituyente: “Entiendo que ya se ha resistido bastante y que no puede resistirse más. Consideré útil, provechosa y necesaria la oposición a la Ley Platt en tanto que hubo esperanza de que ésta se modificara o retirara por el Congreso americano… Hoy considero dicha oposición inútil, peligrosa e infecunda…”.

Así nació la República, sin independencia absoluta, pero con derechos civiles y políticos incorporados: el hábeas corpus, la libertad de expresión, los derechos de reunión y de asociación, la libertad de movimiento, la libertad de cultos, el derecho de sufragio, la división de poderes y otros que permitieron emerger de la postración económica, recuperar la Isla de Pinos, desembarazarse de la Enmienda Platt en 1934, derrocar a Machado y convocar la Constituyente que dio vida a la avanzada Constitución de 1940. ¿Qué habría sucedido si aquellos hombres hubieran optado por la violencia? Nadie lo sabe, de todas formas la historia es lo que sucedió.

Lo que vino después no se puede atribuir a la decisión de aquellos cubanos, casi todos independentistas. Las causas están en los males raigales de nuestra cultura, a saber, el caudillismo, la violencia, la intolerancia, la exclusión, el uso del poder como patrimonio personal o de grupos y la carencia de ética. Factores que impidieron la confluencia de la gesta emancipadora con el civismo ciudadano y que entorpecieron el completamiento de la nación.

Lo que se avanzó es inseparable de la negociación, los derechos y las libertades, como lo que nos estancó es responsabilidad de nuestros males seculares que hoy se expresan en desesperanza, apatía social, doble moral, escapismo y conductas delictivas; todo un reto para los que aspiramos a una Cuba de dignidad y amor.

Resultado de las relaciones anormales entre los gobiernos de dos países vecinos –Cuba y Estados Unidos– un acontecimiento sin precedentes, bajo la denominación de “Batalla de Ideas”, invadió el escenario político-cultural cubano no a consecuencia de la reflexión previa sobre la importancia de las ideas, sino como un subproducto del caso del balserito Elián González. La ausencia de la reflexión previa sobre el acontecimiento no impide, sino que hace más necesaria, la reflexión a posteriori. Sobre esa conclusión adelanto algunos criterios sobre lo que considero adolescencias de dicha Batalla.

El hombre, considerado como centro y como fin de la historia y no como medio es un principio ético que debe presidir todas las relaciones sociales. Ese principio, que parte del reconocimiento de la igualdad de los hombres como seres humanos, constituye el principal fundamento para la realización de la dignidad plena del hombre, lo cual comienza por el reconocimiento del individuo-ciudadano como sujeto de los cambios sociales.

Cualquier acción colectiva, si sus fines son el mejoramiento de la vida material y espiritual de los hombres –única razón que justifica las grandes movilizaciones humanas– debe tener en cuenta el principio ético que sitúa la primacía del ser humano como base de la participación. Lo que significa propiciar la participación en su elaboración en condiciones de libertad e igualdad previa a la ejecución. Con mucha más razón, cuando las acciones involucran a toda una nación, se impone la legitimación de las ideas mediante el consenso; mecanismo democrático del cual emergen –en un arduo proceso de intercambios de concepciones y puntos de vistas diferentes– las ideas representativas de la diversidad de intereses que conforman una nación.

Ignorar esa máxima, conciente o inconscientemente, es mover a “masas” humanas convertidas en objeto de ideas de otro, bien sea un individuo, un grupo o una élite de poder. Una de las incoherencias que introduce en la ciudadanía la ausencia de ese consenso, se expresa en la incoherencia en las manifestaciones públicas o privadas; eso que conocemos como doble moral. El otro problema radica en que, el intercambio de ideas requiere de espacios permitidos y adecuados para que las partes actuantes desplieguen los argumentos y contrargumentos; único modo civilizado y donde las únicas armas aceptables son las de la razón y el convencimiento. Escenario plural ausente en nuestra realidad.

La batalla es un concepto militar que designa el combate entre dos ejércitos, donde casi siempre el fin de cada uno es destruir al otro. En el campo de las ideas no se trata de destruir, sino de construir consensos, buscar verdades, encontrar respuestas adecuadas, objetivas, de progreso, donde incluso las ideas erróneas tienen también su función. El término que designa ese tipo de actividad social es el de Debate de ideas; concepto que parte de la libertad de expresión, de la igualdad de oportunidades, de escenarios accesibles a todos y respeto al diferente, ese otro que también es un ser humano.

Un auténtico debate de ideas debe comenzar por los requisitos más elementales como el acceso libre a la información, que en esta época implica acceso a Internet, espacios libres para el debate, la conformación gradual de una cultura democrática de respeto al diferente, libertad de expresión y posibilidades de participación en igualdad de condiciones. Requisitos precedidos por el reconocimiento ético del ser humano como lo primario, para que las ideas resultantes del Debate de ideas se transformen en fuerza material de los cambios sociales en bien de todos.

En el año 2003, para los cubanos educados en y acostumbrados a la idea de que sin azúcar no hay país, resultó traumático conocer la decisión de cerrar 71 de los 156 centrales azucareros existentes y redistribuir el 60% de las tierras destinadas a las plantaciones de caña para otros cultivos. Dos años después, se conoció que se cerrarían nuevamente otros 40 de los 85 ingenios sobrevivientes y retirarían de la producción otro 33% de las plantaciones de caña. Es decir, la mayoría de los ingenios desaparecen de nuestra geografía.

Cuba –que por sus condiciones naturales y el tesón de los productores se convirtió en la primera productora y exportadora mundial del dulce– comenzó un declive en el sector azucarero desde los años 90 del pasado siglo. Las causas: ineficiencia industrial, poca disponibilidad de caña, bajos rendimientos por caballería y un elevado costo de producción por tonelada, al punto que no pudo rebasar en esa década los 3,8 millones de toneladas de promedio, un monto que había sido alcanzado 70 años antes.

En respuesta al retroceso, en el año 2001, el titular del ramo pronosticó una recuperación azucarera que alcanzaría la cifra de 6,0 millones de toneladas. Se comenzó entonces a hablar de una nueva arquitectura del azúcar, de reconversión y del redimensionamiento de la industria azucarera. Conceptos que, en el 2002, tomaron cuerpo en la Tarea que lleva el nombre del sabio cubano Álvaro Reynoso –quien realizó en el siglo XIX un análisis integral de todas las operaciones relacionadas con el cultivo y cosecha de la gramínea– y que consiste en un paquete de medidas encaminadas a la eficiencia, en particular a lograr un rendimiento mínimo de 54 toneladas de caña por hectárea.

La zafra del 2002-2003, la primera después de iniciarse la reestructuración, alcanzó 2,2 millones de toneladas; la de 2003-2004 aumentó hasta 2,52 millones para caer en la siguiente cosecha -según la Agencia de Noticias Reuters- alrededor de 1,3 millones de toneladas: la peor cosecha azucarera en los últimos 100 años. Luego, sin informar que la Tarea Álvaro Reynoso fracasó y cuando se pronosticaba que el consumo azucarero aventajaría a la producción mundial y que los precios del dulce podrían alcanzar niveles de hasta 11-12 centavos por libra, se planteó el cierre de los 40 ingenios mencionados. Exactamente lo contrario de lo que hicieron los hacendados cubanos que aprovecharon el alza de los precios en 1793 para convertir a Cuba en la primera productora mundial de ese producto.

¿Por qué se cierran los ingenios a pesar de las ventajas de la caña de azúcar como materia prima renovable, de poseer condiciones envidiables para su producción, de ser el mayor empleador, el principal rubro de exportación y de haber constituido el motor de la economía de la Isla desde la época colonial? ¿Por qué otro país azucarero de la misma región como Brasil en ese mismo período elevó su producción hasta convertirse en el mayor productor y exportador mundial del rubro? ¿No tendrá relación el declive con la propiedad estatal absoluta?

El derecho a la propiedad, tiene su origen en el derecho natural y primario de cada hombre sobre su propia persona y que se extiende hasta los productos del trabajo, lo que convierte al acto productivo en fuente de apropiación y en factor de desarrollo. Entonces, si el problema radica en la forma de propiedad, de lo que se trata es de determinar cuál o cuáles son las más ventajosas en determinada época, lugar y condiciones. Pues las formas no pueden validarse por razones ajenas a su capacidad para generar bienes e intereses. Por tanto conservar cualquiera de ellas, una vez que ha perdido esa capacidad, significa convertirla en lo que es ahora: freno de la producción y del desarrollo social.

El cierre de los ingenios, que en Cuba afecta a todos, debió ser sometido a consideración de todos, especialmente de los llamados “verdaderos dueños”: los trabajadores azucareros. En segundo lugar, cualquier intento serio de reanimación de ese sector pasa por la transformación de los mecanismos que impiden a los cubanos ser propietarios, poder invertir en su propio país y vivir de su salario, sin lo cual es imposible revertir el declive que ha convertido a la otrora productora mundial en importadora de azúcar.